Un respaldo ciudadano transversal a la austeridad interna del aparato público arrojó la más reciente Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP): 83,0% de las personas consultadas planteó que se debe priorizar la reducción del gasto en la administración del Estado, con el objetivo de ordenar las finanzas públicas.
El estudio fue coordinado por el académico Sebastián Izquierdo y consideró una muestra de 1.469 entrevistados en sus hogares, distribuidos en 122 comunas del país. El levantamiento se realizó entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, con un margen de error de ±2,8%.
Los resultados describen un escenario poco habitual por el nivel de acuerdo entre sensibilidades políticas distintas. La reducción del gasto administrativo aparece como una prioridad que atraviesa identidades electorales y posiciones ideológicas, en medio de un debate marcado por el déficit fiscal, la deuda pública y el tamaño del Estado.
En esa línea, el apoyo a recortar el gasto administrativo se expresa en cifras altas tanto en quienes se identifican con José Antonio Kast como en quienes respaldan a la ministra Jeannette Jara: 86,1% y 84,9%, respectivamente, se inclinan por priorizar esa medida.
Consenso por eficiencia, no por un Estado más pequeño
Pese a la contundencia del dato principal, la encuesta también muestra matices. Una parte importante de la ciudadanía no suscribe la idea de que el país estaría mejor con una menor participación del Estado en la economía. Ante esa afirmación, un 47,8% se declaró en desacuerdo, mientras que un 24,2% dijo estar de acuerdo.
El contraste sugiere que la demanda ciudadana apunta más a mejorar la gestión que a disminuir prestaciones o retirar al Estado de áreas consideradas relevantes. En el mismo estudio, la percepción de ineficiencia se asocia de manera directa a la experiencia cotidiana con el sector público: 52,2% de los encuestados vinculó la intervención estatal con exceso de burocracia y problemas operativos.
El trabajo coordinado por Sebastián Izquierdo subraya precisamente esa distinción: el foco no estaría en reducir las funciones públicas esenciales, sino en eliminar lo que parte de la población reconoce como ineficiencias, gastos de viáticos y prácticas de personalismo político. En otras palabras, la exigencia se concentra en “ordenar la casa” antes que en recortar el rol del Estado.
Deuda pública y ajuste fiscal: una discusión con posiciones divididas
La encuesta también captó una preocupación relevante por la situación macroeconómica. En el total de la muestra, 53,6% calificó el nivel de la deuda pública como un problema muy o bastante grave. Esa evaluación varía de manera marcada según alineamientos políticos: sube a 74,5% en la oposición y baja a 31,4% en el oficialismo.
En cuanto a la estrategia del Ejecutivo para enfrentar el déficit, el diagnóstico ciudadano aparece fragmentado. La medición registró un 41,3% de rechazo global a la conducta del gobierno ante ese desafío, frente a un 34,2% de aprobación. Entre los adherentes identificados con la ministra Jeannette Jara, el desacuerdo con el manejo del déficit llega a 73,4%.
En el segmento alineado con José Antonio Kast, en cambio, la encuesta muestra una mirada más favorable hacia el ajuste fiscal impulsado por el gobierno: 54,9% manifestó aprobación. La diferencia refleja que, aun cuando existe consenso en recortar gasto administrativo, las lecturas sobre el rumbo y el diseño de la política fiscal siguen separadas por brechas ideológicas.
Respecto de alternativas concretas para cuadrar las cuentas, la encuesta reflejó un apoyo relativamente bajo a medidas tradicionalmente debatidas. El aumento de impuestos fue mencionado por 31,8% de los consultados; la reducción de programas sociales, por 27,8%; y el recorte de inversión en infraestructura, por 27,2%.
En ese marco, la Encuesta CEP gasto instala un dato central para la discusión presupuestaria: existe una mayoría amplia dispuesta a exigir recortes, pero el impulso se orienta principalmente hacia la estructura administrativa, más que hacia alzas impositivas o disminución de políticas sociales e inversión pública.
El panorama que deja la medición es el de una ciudadanía que reclama eficiencia en el Estado, observa con inquietud el peso de la deuda pública y mantiene posiciones divididas sobre la manera en que el gobierno enfrenta el déficit. Por ahora, el punto de encuentro más nítido está en la demanda de reducir el gasto administrativo como señal de orden fiscal y de mejor gestión.
