El Gobierno trabaja una iniciativa legal para restringir el acceso de menores de edad a redes sociales en Chile, una propuesta que se inserta en el plan “Entornos Digitales Seguros” y que busca responder a los riesgos del uso no supervisado de internet, en un escenario donde ya rige la prohibición del uso de celulares en establecimientos educacionales.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, puso el acento en el resguardo del bienestar infantil y en la necesidad de actualizar las herramientas disponibles ante un entorno digital que impacta la vida cotidiana de niños y adolescentes. “Queremos que los niños crezcan en entornos seguros, donde puedan desarrollarse sin riesgos ni vulneraciones. Hoy, uno de esos entornos es especialmente el digital”, afirmó.
Wulf sostuvo que las medidas vigentes no alcanzan para contener los riesgos más allá del aula. “En Chile solo contamos con restricciones en los colegios, pero eso no evita la exposición a peligros como desafíos virales o fenómenos de violencia que también impactan la convivencia escolar”, señaló, al explicar el sentido de la propuesta que se encuentra en elaboración.
En paralelo, desde el mundo académico se incorporan elementos ligados a la etapa de desarrollo de los adolescentes y a cómo se procesan los estímulos de las plataformas. La discusión, advierten especialistas, no se limita a lo tecnológico: también se enlaza con efectos en conducta, salud mental y rendimiento.
Desarrollo adolescente y exposición a riesgos en redes
Ethelyn Pinto, vicerrectora de Educación Digital de la Universidad del Alba, planteó que existe una vulnerabilidad con base neuropsicológica. “En la adolescencia existe un desfase madurativo: el sistema emocional está altamente activo, mientras que la corteza prefrontal —responsable del juicio y el control de impulsos— termina de desarrollarse cerca de los 25 años. Esto genera una brecha que dificulta evaluar riesgos, como ocurre con los desafíos virales”, explicó.
A esa mirada se suma evidencia internacional que vincula el uso no regulado de redes sociales con mayores niveles de ansiedad, problemas de autoestima y trastornos del sueño en menores. Ese conjunto de antecedentes es parte del sustento que el Ejecutivo considera para avanzar con la propuesta legislativa.
El debate, sin embargo, no se instala solo en clave de restricciones. Desde la neuroeducación se plantea que el fenómeno también involucra dinámicas de validación constante y sistemas de recompensa que refuerzan conductas de manera intermitente, con efectos en la concentración y la tolerancia a la frustración.
Regular sin prohibir: fiscalización, privacidad y corresponsabilidad
Pinto advirtió que una regulación mal diseñada puede no lograr el objetivo buscado. “Las redes sociales son hoy un espacio central de socialización. Una regulación mal diseñada puede ser ineficaz o incluso contraproducente, porque los menores suelen encontrar formas de evadir restricciones”, señaló.
La académica agregó que el problema no se agota en el contenido al que se accede, sino también en cómo se construye la experiencia dentro de las plataformas. “Los menores aún no cuentan con herramientas emocionales para procesar entornos donde la aprobación se mide en ‘likes’”, afirmó.
Entre las alternativas planteadas por especialistas aparece un enfoque integral basado en corresponsabilidad, que combine herramientas de control parental, alfabetización digital y mayores exigencias para las plataformas tecnológicas. “Si no se aborda de manera conjunta, el problema simplemente se traslada a espacios menos visibles”, advirtió Pinto.
La discusión también observa experiencias internacionales: países como Australia y algunas naciones europeas han impulsado regulaciones similares, con resultados dispares y cuestionamientos sobre su efectividad. Uno de los nudos críticos es la fiscalización y el resguardo de datos personales. “¿Cómo se verifica la edad de los usuarios sin afectar su privacidad?”, planteó la experta.
Pese a esas interrogantes, el Ejecutivo espera respaldo transversal. Según la ministra María Jesús Wulf, el proyecto se trabaja junto a parlamentarios y expertos para avanzar hacia un entorno digital más seguro, sin afectar libertades individuales, en un debate que abre una discusión de fondo sobre cómo equilibrar protección, derechos y uso cotidiano de tecnología en menores de edad.
