Cuando el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que Rahue Alto en Osorno y Alerce en Puerto Montt forman parte del listado nacional de 152 barrios críticos, el anuncio fue recibido con alivio por muchos vecinos que llevan años conviviendo con el narcotráfico como vecino de facto. Pero el entusiasmo inicial tiene una contracara legítima: la intervención de un barrio crítico es un proceso complejo, con múltiples actores institucionales, plazos inciertos y consecuencias reales para las familias que viven allí, tanto las que son víctimas del crimen organizado como las que, de distintas formas, son parte del entramado que el Estado quiere desmantelar.
La pregunta que los vecinos de Rahue y Alerce tienen derecho a hacerse es simple: ¿qué viene exactamente?
Lo que el gobierno ha prometido
El plan de Barrios Críticos tiene una arquitectura de tres componentes que se superponen: seguridad, vivienda y recuperación del espacio público. En el papel, el esquema funciona así: primero se identifican las propiedades del Serviu que han sido tomadas por narcotraficantes o bandas delictuales; luego se inicia un proceso legal de desalojo; en los casos más graves, donde los inmuebles presentan daños irreparables o son focos estructurales del crimen, se procede a la demolición; finalmente, los terrenos recuperados se destinan a equipamiento comunitario o a nuevas soluciones habitacionales.
El ministro Poduje ha sido directo en sus declaraciones públicas sobre el tipo de acción que contempla. En barrios críticos hay que demoler las viviendas tomadas por narcotraficantes. Este año comenzarán con 40 barrios, y en casos extremos, como Cerro Chuño en Arica, se anticipan erradicaciones completas.
La coordinación es multisectorial: el Ministerio de Vivienda opera los desalojos y demoliciones a través del Serviu; el Ministerio de Seguridad aporta los operativos de inteligencia policial con PDI y Carabineros; y los municipios y gobiernos regionales son responsables de la relocalización de las familias vulnerables que deban ser trasladadas.
Rahue Alto: lo que ya se sabe
En Osorno, las primeras reuniones en terreno ya ocurrieron. El seremi de Vivienda de Los Lagos, Mario Marchant, junto al consejero regional Carlos Schwalm, se reunieron con dirigentes de Rahue Alto para iniciar el diagnóstico. Los objetivos planteados en esa instancia son concretos aunque todavía acotados: recuperar espacios comunitarios deteriorados, con la construcción de una cancha sintética en Avenida Real como proyecto emblemático, y avanzar en el mejoramiento del entorno urbano como parte de una estrategia integral que, según Schwalm, no puede limitarse solo a soluciones habitacionales.
Lo que aún no está definido con precisión es el alcance del componente más sensible: cuántas viviendas están en manos de bandas, cuáles serán objeto de desalojo y cuáles de demolición. Esa información depende de un catastro que el Serviu debe completar, y que en el caso de Rahue Alto todavía está en proceso. El mismo esquema se siguió en Arica antes de la intervención de Cerro Chuño: el Serviu realizó un catastro para determinar el número de familias involucradas, y el desalojo se planificó por etapas en función de las capacidades de albergue y relocalización disponibles.
Alerce: el caso de Puerto Montt
En Alerce, el sector también fue incluido en el programa nacional, aunque la información disponible sobre las acciones específicas planificadas para ese territorio es aún más preliminar. El denominador común con Rahue Alto es el diagnóstico de base: viviendas sociales construidas en los años 90 que han sido progresivamente capturadas por organizaciones delictivas que las usan como puntos de almacenamiento, comercialización y control territorial.
Las preguntas que el plan no ha respondido todavía
Toda intervención de esta escala genera fricciones que van más allá de la lógica policial. Hay al menos cuatro dimensiones que el gobierno no ha resuelto públicamente para el caso de Los Lagos:
La primera es la situación de las familias vulnerables que viven junto al narcotráfico sin ser parte de él. Son vecinos que llevan décadas en esas viviendas, que en algunos casos tienen títulos de dominio o cuentas al día con el Serviu, y que no pueden ser tratados de la misma manera que los ocupantes ilegales vinculados al crimen organizado. El cómo se distingue entre unos y otros en la práctica es uno de los aspectos más delicados de la operación.
La segunda es el ritmo real de ejecución. El gobierno habla de empezar con 40 barrios a nivel nacional este año, de un total de 152 identificados. Rahue Alto y Alerce están en el listado, pero no se ha confirmado su posición en el orden de prioridad ni una fecha de inicio para las fases más operativas.
La tercera es la sostenibilidad post-intervención. La experiencia comparada en Chile y América Latina muestra que las intervenciones en barrios críticos que se concentran solo en el componente policial y de demolición, sin acompañarse de programas sociales, educación, empleo y presencia institucional permanente, tienden a producir un efecto de desplazamiento: el crimen organizado se mueve a otro sector vulnerable, y el barrio intervenido vuelve a degradarse en algunos años.
La cuarta es la coordinación local. La intervención requiere acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Seguridad, la Delegación Presidencial, el Gobierno Regional, los municipios de Osorno y Puerto Montt, y las propias organizaciones comunitarias. Es una cadena larga, y en la historia reciente de Chile, esa cadena ha fallado más de una vez.
El modelo Cerro Chuño: ¿referente o advertencia?
El gobierno ha presentado a Cerro Chuño en Arica como el caso emblemático del programa. Ese barrio fue contaminado con polimetales y posteriormente abandonado, lo que derivó en la toma de los terrenos por distintas agrupaciones, y hoy existe presencia de crimen organizado que ha requerido intervención policial, siendo una zona donde el Estado tiene el deber ineludible de realizar una recuperación territorial.
Pero Cerro Chuño es también un caso que ilustra la complejidad del proceso: el desalojo se realiza por etapas, coordinando el catastro del Serviu, la logística de relocalización con el Gobierno Regional, la acción policial previa para rastrear a personas con órdenes de detención, y la participación del Ministerio de Desarrollo Social para atender las urgencias sociales que surjan durante el proceso.
Nada de eso ocurre rápido. Y nada de eso ocurre sin tensiones.
Lo que los vecinos de Rahue y Alerce pueden esperar
Con los antecedentes disponibles, lo que se puede proyectar con razonable certeza es esto: en el corto plazo, habrá más reuniones de diagnóstico, levantamiento de información y coordinación institucional. En el mediano plazo, comenzarán los desalojos de las propiedades Serviu controladas por bandas, con apoyo policial y orden judicial. En el largo plazo —y esto es lo que determinará si el programa tiene éxito real o no— dependerá de si el Estado es capaz de mantener presencia en esos sectores una vez que el operativo inicial termine.
Los vecinos de Rahue Alto y Alerce no le piden al gobierno que resuelva décadas de abandono en semanas. Lo que le piden es que esta vez, a diferencia de otras veces, no se vaya cuando el problema ya no es noticia.
