Una profesora del Colegio Alerce de Puerto Montt interpuso una querella criminal contra dos alumnos de octavo básico, tras descubrir que en un grupo de WhatsApp del curso habían circulado mensajes con amenazas graves dirigidas tanto a ella como al director del establecimiento. El hecho se conoció el 22 de abril en plena jornada laboral, cuando los mensajes llegaron a conocimiento de la docente.
Según confirmó el abogado de la afectada, Mauricio Sáez, la profesora se encuentra actualmente con licencia médica y sin medidas de protección formales. «Está muy asustada», precisó el jurista, quien explicó que la naturaleza de los hechos no permitía aplicar el protocolo Aula Segura, lo que motivó a la docente a explorar otras vías legales.
Menores de 14 y 15 años como principales imputados
Los dos alumnos identificados como los principales autores de los mensajes tienen 14 y 15 años. En los intercambios participaron también otros estudiantes del curso, algunos de 13 años. El contenido de los mensajes incluyó amenazas de agresión sexual contra la docente y de secuestro extorsivo contra familiares del director, lo que derivó en la acción judicial.
La defensa de la profesora señaló que se solicitaron medidas de protección junto a la querella, petición que hasta la fecha no ha sido resuelta.
El DAEM activa protocolos y espera instrucciones de la Superintendencia
El director subrogante del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), Faustino Villagra, confirmó que el área de Convivencia Escolar del establecimiento se encuentra coordinada con la unidad correspondiente del nivel municipal. Sin embargo, los menores involucrados no han recibido sanciones hasta el momento, ya que el DAEM aguarda que la Superintendencia de Educación determine los pasos a seguir en un caso que involucra a estudiantes de enseñanza básica.
«Queremos adelantar que iremos informando qué ocurre desde la próxima semana», indicó Villagra.
Un caso que pone en debate los límites de la convivencia digital escolar
El episodio evidencia los desafíos que enfrentan los establecimientos educacionales frente al uso de aplicaciones de mensajería en entornos escolares. La circulación de contenido amenazante en grupos digitales de curso plantea preguntas sobre los protocolos de detección temprana, la responsabilidad institucional ante comunicaciones externas al aula y los mecanismos de protección disponibles para los docentes.
El caso se encuentra en etapa de investigación judicial.
