La Municipalidad de Puerto Montt confirmó que presentará una querella criminal y, en paralelo, ingresará una denuncia ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) luego de detectar actos vandálicos consistentes en rayados en los muros perimetrales de la histórica Casa Pauly. El inmueble, construido originalmente en 1903, está protegido por la Ley de Monumentos Nacionales, condición que endurece el marco de sanciones frente a daños.
El anuncio fue realizado por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea, quien instruyó la activación inmediata de la Unidad Penal Municipal (UPM) tras constatar los rayados. La medida busca abrir una vía judicial para perseguir responsabilidades y dejar constancia formal ante las instituciones que resguardan el patrimonio.
Según explicó el jefe comunal, la querella apunta a que se investigue penalmente a quienes resulten responsables. Entre las diligencias que se solicitarán como clave está el análisis de las cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar a los autores del delito y aportar antecedentes concretos a la investigación.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea, recalcó que la administración local mantendrá una postura de “tolerancia cero” frente a hechos de este tipo. En esa línea, recordó que existen antecedentes en la comuna: nueve personas ya han sido condenadas previamente por daños similares, lo que —planteó— demuestra que el municipio seguirá impulsando acciones para que estos hechos no queden impunes.
El impacto del vandalismo en un inmueble como Casa Pauly no se limita a lo visual. Al tratarse de un bien patrimonial y un ícono cultural y turístico de la capital regional, los rayados afectan su integridad, su valor histórico y también la experiencia de quienes transitan por el sector. Para la ciudad, además, implica destinar esfuerzos y recursos a recuperaciones que pudieron evitarse.
Wainraihgt advirtió que, debido a la condición de Monumento Nacional, las penas asociadas a daños son significativamente más severas que las aplicables a un inmueble común. En el caso de Casa Pauly, indicó que las sanciones pueden llegar a presidio menor en sus grados medio a máximo, enfatizando que el estándar legal es más estricto precisamente para proteger bienes de alto valor patrimonial.
Además de la vía penal, la corporación edilicia oficiará al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que la institución se haga parte de la querella. La intención es que el organismo competente en materia patrimonial tenga una participación activa en el proceso, reforzando el respaldo institucional a la persecución de este tipo de delitos.
La Casa Pauly, destacaron desde el municipio, representa una de las inversiones patrimoniales más importantes de la zona. La propiedad fue objeto de un proceso de restauración integral que abarcó más de 437 metros cuadrados, con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Ese antecedente, sostienen, dimensiona la magnitud de lo que está en juego cuando se atenta contra el inmueble.
En cuanto al marco sancionatorio, la normativa vigente establece que los daños a monumentos nacionales no solo pueden derivar en penas privativas de libertad, sino también en sanciones económicas. En específico, se contemplan multas que oscilan entre 50 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), reforzando el carácter disuasivo de la legislación para este tipo de hechos.
Desde el municipio insistieron en que se agotarán todas las instancias disponibles para asegurar que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias legales por afectar la integridad de este símbolo del patrimonio cultural de Puerto Montt. En lo inmediato, el foco estará en la presentación de la querella, el levantamiento de antecedentes a través de cámaras del sector y la coordinación con el CMN para fortalecer la acción judicial.
