La Agrupación de Usuarios del Transporte Público salió a rechazar el reajuste tarifario informado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, aumento que comenzará a regir el próximo 28 de febrero en Puerto Montt, Castro y Quellón. En el caso de la capital regional, la medida permitiría que algunos recorridos urbanos alcancen valores de hasta $920, en un escenario que —según sostienen— ya viene presionando el bolsillo de las familias.
Desde la organización plantearon que el alza golpeará directamente el presupuesto mensual de trabajadores, estudiantes y adultos mayores. El argumento central es territorial: en la Región de Los Lagos, muchas personas dependen de más de un servicio para completar sus trayectos diarios, por lo que cualquier reajuste se multiplica rápidamente a fin de mes, sobre todo en comunas donde los tiempos de traslado y la necesidad de combinaciones son parte de la rutina.
El presidente de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público, Jordi Valenzuela Muñoz, apuntó a una discusión que, a su juicio, no se está dando con la misma fuerza fuera de Santiago: el criterio con que se fijan tarifas en regiones. “Aquí no sólo hay un problema de monto, hay un problema de descriterio a nivel regional: en Puerto Montt un pasaje puede llegar a $920 por un recorrido urbano de apenas 15 kilómetros, mientras que en ciudades como Valparaíso con cerca de $800 se puede cruzar varias comunas en distancias comparables a Puerto Montt–Frutillar, donde aquí el pasaje supera los $2.200. Es una desigualdad evidente y crítica, que ninguna autoridad ha tenido la valentía de poner en la mesa”, sostuvo.
Más allá del precio, Valenzuela remarcó que el reajuste no vendría acompañado de mejoras visibles que lo expliquen desde el punto de vista del usuario. En su diagnóstico, siguen los problemas de frecuencia, especialmente en la noche, cuando muchas personas quedan sin locomoción; además, cuestionó la continuidad de recorridos que no se ajustan a la demanda de los barrios, las disputas entre conductores, así como accidentes y atropellos.
El dirigente agregó que tampoco existirían avances “reales” en el trato a adultos mayores y estudiantes, y que se mantienen conflictos cotidianos entre usuarios y “micreros”. “Es indigno pedirle más esfuerzo económico a las familias cuando el servicio sigue siendo de esta mala calidad”, afirmó, insistiendo en que cualquier aumento debe discutirse en paralelo a estándares mínimos de calidad y seguridad.
La mirada crítica fue compartida por la concejala de Puerto Montt, Bárbara Cáceres, quien cuestionó el concepto de “descongelamiento gradual” planteado para justificar alzas. A su juicio, en la Región de Los Lagos las tarifas han seguido subiendo de manera sostenida. Como ejemplo, señaló que entre enero y febrero de 2025 ya se enfrentaron alzas de $200 o más desde Puerto Montt hacia otras comunas.
Cáceres fue más allá al calificar el escenario como un servicio “inseguro y desregulado”, con fiscalización poco visible en la calle. “Pagamos tarifas de lujo por un servicio inseguro y desregulado con fiscalización que no se ve en las calles, no se ve en el trato digno a estudiantes y adultos mayores, ni menos en la accesibilidad universal que brilla por su ausencia”, afirmó. En esa línea, planteó que si se autoriza una nueva alza, “lo mínimo es que garanticen seguridad y dignidad en el servicio”.
Como efecto inmediato del anuncio, la Agrupación señaló que han comenzado a circular versiones sobre posibles incrementos en recorridos intercomunales hacia Puerto Montt, mencionando casos como Fresia, Puerto Varas o Calbuco. En esas conversaciones, indicaron, algunos atribuirían eventuales alzas a “ajustes internos”, como el valor de uso de losa en el terminal de la capital regional.
Sin embargo, la organización advirtió que ese factor por sí solo no constituiría un aumento estructural de costos que justifique alzas proporcionales en los pasajes. Recordaron que, en una declaración pública anterior, ya habían planteado que este tipo de cobros no debieran traducirse automáticamente en incrementos que terminen pagándose en la tarifa final de quienes viajan por trabajo, estudio o trámites de salud.
En términos prácticos, el debate no se reduce a números: para muchas familias del sur, el transporte público es una necesidad diaria que define el acceso a empleo, educación y servicios básicos. En comunas con menor cobertura, menor frecuencia nocturna y largos desplazamientos entre sectores urbanos y rurales, el impacto de un alza se siente con especial fuerza, y vuelve más sensible la comparación con otras ciudades del país.
Al cierre, la Agrupación de Usuarios del Transporte Público llamó a las autoridades regionales a considerar la realidad económica de las familias de la zona, enfatizando que cualquier reajuste debe venir acompañado de mejoras concretas en calidad, fiscalización y seguridad del servicio. De lo contrario, plantean, el alza del 28 de febrero solo profundizará el malestar y las brechas tarifarias entre regiones.
