Puerto Montt y la Región de Los Lagos enfrentan una definición que cruza salud mental, seguridad pública y funcionamiento de la justicia: avanzar en la creación de un Hospital Psiquiátrico Forense a partir de infraestructura fiscal ya disponible en el sector de Chin Chin. La idea, planteada por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Lagos, Cristóbal Fuenzalida Palma, apunta a dar una respuesta estructural a una necesidad que hoy se resuelve, en parte, dentro del hospital base, con efectos directos en camas, equipos clínicos y custodia.
El planteamiento surge en un escenario donde salud mental y justicia penal se encuentran a diario: personas imputadas o vinculadas a procesos penales que requieren evaluación, diagnóstico y tratamiento especializado, bajo condiciones de seguridad, para determinar su situación clínica y su relación con la imputabilidad en causas judiciales.
Según expuso el Seremi, la oportunidad se abrió con una transformación institucional clave: el paso del Servicio Nacional de Menores (SENAME) al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Ese cambio, junto con el traslado de jóvenes desde el CIP CRC Puerto Montt —ubicado en Chin Chin— dejó disponible un inmueble fiscal que, por sus características, podría reconvertirse en un recinto de salud mental forense.
La Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Lagos identificó que el edificio no debía quedar como un “recinto vacío”, sino que podía convertirse en una pieza estratégica para la región. En ese marco, se impulsó un trabajo intersectorial para habilitar el camino administrativo y técnico que permitiera cambiar el destino del inmueble.
Tras ese trabajo coordinado, se concretó el traspaso del inmueble al Servicio de Salud del Reloncaví, organismo que formuló un proyecto de financiamiento ante el Gobierno Regional de Los Lagos (GORE) para hacerlo realidad. La iniciativa considera una capacidad cercana a 72 pacientes judicializados cuya imputabilidad se discute en procesos penales; es decir, personas que requieren evaluación, diagnóstico y tratamiento psiquiátrico especializado con resguardos de seguridad.
Presión sobre el Hospital Puerto Montt
En la actualidad, parte de estos pacientes se mantiene en dependencias del Hospital Puerto Montt, particularmente en el área de Puerto Base. El problema, según se describe en la propuesta, es que ese recinto no fue diseñado para funcionar como hospital psiquiátrico forense, lo que termina impactando tanto la atención general como la respuesta a los requerimientos judiciales.
Las consecuencias que se observan en este modelo de “solución transitoria” incluyen sobrecarga asistencial, uso ineficiente de camas y equipos clínicos tensionados. A ello se suma un elemento operativo clave: la presencia permanente de Gendarmería de Chile, que debe destinar funcionarios 24 horas al día para labores de custodia en un entorno hospitalario general, con exigencias que no siempre calzan con la lógica de un establecimiento pensado para hospitalización común.
Desde la perspectiva regional, el impacto de habilitar un hospital forense sería concreto y medible en el día a día del sistema: liberar camas y recursos del hospital base para otras patologías de alta complejidad; concentrar la custodia en un lugar especialmente diseñado para ese fin; y asegurar atención clínica especializada con equipos multidisciplinarios formados en psiquiatría forense, capaces de abordar patologías complejas con protocolos adecuados.
Efectos en tribunales y formación
El proyecto, además, no se limita a lo sanitario. Fuenzalida Palma sostiene que contar con un centro especializado permitiría agilizar la emisión de informes de imputabilidad, reduciendo tiempos de espera y descomprimiendo la carga de los tribunales. En la práctica, diagnósticos tardíos o la falta de infraestructura adecuada pueden enlentecer procesos penales completos, afectando la eficiencia del sistema judicial y la oportunidad de las decisiones.
Otra implicancia planteada es el desarrollo académico y profesional en el sur de Chile. Un hospital de estas características podría funcionar como polo de formación para médicos, psiquiatras y otros profesionales de la salud interesados en la psiquiatría forense, fortaleciendo capacidades locales y disminuyendo la dependencia de centros ubicados en la zona central del país.
La base material del proyecto está en las condiciones del inmueble de Chin Chin, descritas como favorables para su adaptación: perímetro seguro, espacios amplios y módulos que permitirían compatibilizar seguridad y tratamiento. La propuesta releva que no se trataría de improvisar ni de construir desde cero, sino de reconvertir una infraestructura fiscal existente, buscando optimizar el uso de recursos públicos.
En lo inmediato, el paso decisivo está en la tramitación y priorización del financiamiento regional, dado que el Servicio de Salud del Reloncaví ya formuló el proyecto ante el GORE. El debate, tal como se plantea desde la Seremi, es estratégico: si la región seguirá resolviendo una necesidad permanente con medidas transitorias o si avanzará hacia una solución estructural, coherente con estándares modernos en salud mental y justicia, y alineada con la descentralización de infraestructura crítica.
