Una pareja con domicilio en Valdivia fue formalizada por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en daños causados mediante grafitis en más de 80 inmuebles de Puerto Montt. Los hechos investigados se sitúan entre los años 2022 y 2025 e incluyen intervenciones en propiedades municipales y privadas, con impacto en distintos puntos de la comuna.
La medida cautelar decretada por el tribunal para ambos imputados fue el arraigo nacional, en el marco de una investigación que busca determinar la magnitud de los perjuicios y la eventual participación en una seguidilla de hechos asociados a rayados en espacios urbanos.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el daño ocasionado solo a bienes públicos fue estimado en $8 millones, cifra que considera inmuebles municipales afectados por los grafitis. En paralelo, se indagan afectaciones a propiedades privadas que también fueron blanco de estas acciones.
El caso tomó fuerza tras un operativo realizado este lunes, coordinado entre la Fiscalía y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, que permitió avanzar en la identificación de los presuntos autores y reunir antecedentes para la formalización.
Investigación por hechos reiterados
La causa se enfoca en una serie de rayados que, según la investigación, se repitieron durante un periodo extendido, abarcando tres años. La reiteración en el tiempo y el número de inmuebles afectados —más de 80— es uno de los elementos centrales que sustentan la indagatoria.
En el detalle del caso, se considera que los grafitis fueron realizados tanto en infraestructura municipal como en edificaciones privadas. Esto implica no solo el costo de reparación o limpieza, sino también efectos en la mantención del espacio público y en la convivencia urbana de sectores residenciales y comerciales.
Medidas cautelares y próximos pasos
Con el arraigo nacional, los imputados quedan sujetos a la prohibición de salir del país mientras se desarrolla el proceso. La investigación continuará con diligencias orientadas a precisar el total de daños, determinar responsabilidades y establecer el alcance de los perjuicios provocados en inmuebles públicos y privados.
En las próximas etapas se espera que el trabajo investigativo permita consolidar el avalúo global de los hechos indagados y definir las acciones judiciales que correspondan, considerando el número de inmuebles afectados y el periodo en que se habrían cometido los daños.
