Rincón confirma fin del subsidio eléctrico y proyectan alzas de 30%

Ximena Rincón, ministra de Energía

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Resumen generado automáticamente con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por Mirada Sur.

Subsidio eléctrico: la ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó que el beneficio para hogares vulnerables termina ahora y no se extenderá.

La medida alcanza a más de 2 millones de hogares y el término del aporte podría traducirse en alzas de entre un 20% y un 30% en las cuentas, en comunas como Puerto Montt y el resto del sur.

El fin del subsidio eléctrico empezará a sentirse en Puerto Montt y otras comunas del sur, luego de que la ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmara que el beneficio dirigido a las familias más vulnerables concluye ahora y no será extendido, en un escenario donde se anticipan alzas de hasta 30% en las boletas.

En una entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado despejó las dudas sobre la continuidad del aporte y fue categórica al señalar: “no, porque eso se termina de pagar ahora. Se termina ahora, el subsidio termina ahora”. La decisión impacta directamente en los presupuestos mensuales de los hogares que recibían el apoyo.

La ministra explicó que la prioridad del Ejecutivo está en resolver otros componentes del sistema eléctrico, particularmente el abordaje de obligaciones financieras vinculadas a las empresas que distribuyen energía. En esa línea, el foco se traslada desde el subsidio hacia la discusión por la deuda del sistema.

Rincón detalló que el cierre del beneficio está asociado al término de pagos ya programados y planteó que, hacia adelante, la discusión del Gobierno se concentrará en otro frente. “La última cuota del subsidio de la otra deuda termina ahora. Y ese plazo se va a ampliar”, afirmó, para luego precisar que se evalúa “qué hacemos con la otra deuda, con la deuda de las distributoras”. En ese marco, recalcó: “en los caminos de solución, obviamente, ese tema está encima de la mesa, pero no está el tema del subsidio”.

Más de 2 millones de hogares y un impacto directo en la cuenta

El subsidio eléctrico vigente beneficiaba a más de 2 millones de hogares y permitía reducir de manera directa el monto final a pagar en la cuenta de la luz. Con su término, el ajuste se traslada de inmediato al gasto mensual de las familias, especialmente en los segmentos de menores ingresos.

En el sector energético se advierte que el retiro del aporte estatal se reflejará en alzas visibles en las boletas. Según estimaciones citadas en torno a la medida, el incremento podría ubicarse entre 20% y 30%, en función del consumo de cada cliente.

El efecto se puede dimensionar con un ejemplo concreto: una cuenta que hoy bordea los $17 mil con el subsidio aplicado podría elevarse al aproximarse a su valor real una vez descontado el apoyo. La variación final dependerá de cuánto consuma cada hogar en el mes.

VAD y advertencias desde el Congreso por nuevas alzas

El escenario tarifario se tensiona, además, por ajustes adicionales vinculados al Valor Agregado de Distribución (VAD), componente de la tarifa que estuvo congelado por años y que comienza a normalizarse. Este elemento es parte de las presiones al alza que se anticipan para los próximos ciclos de facturación.

Si bien el Gobierno aún no define cuándo se aplicará plenamente el ajuste del VAD, su efecto ya se instala como un factor relevante en el incremento de las tarifas. En la práctica, el fin del subsidio y la normalización de componentes tarifarios se cruzan en el mismo periodo, elevando la preocupación en los hogares.

Desde el Congreso, la senadora Yasna Provoste (DC) expresó inquietud por el escenario de corto plazo y advirtió que “subsisten varios riesgos” de nuevas alzas, asociadas tanto al VAD como a otros ajustes regulatorios pendientes. En ese contexto, planteó alternativas para morigerar el impacto: “Tenemos fórmulas técnicas como también darle continuidad al subsidio (…) pero se requiere voluntad política del Gobierno”.

Con el término del subsidio ya zanjado por el Ejecutivo, el debate queda situado entre la estrategia gubernamental de abordar la deuda de las distribuidoras y las presiones desde el mundo político por mantener mecanismos de protección para los hogares vulnerables, en comunas del sur como Puerto Montt y a nivel nacional.