El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) publicó el 5 de mayo la Resolución N°685, que llama al primer proceso de selección de subsidios DS49 para comités de vivienda a nivel nacional. La resolución dejó en evidencia un ajuste presupuestario de mayor profundidad que el anticipado por el sector: el presupuesto asignado al primer llamado alcanzó las UF 6,3 millones, cifra que contrasta con las UF 15,8 millones del primer llamado de 2025, lo que implica una caída cercana al 60%.
El DS49, formalmente llamado Fondo Solidario de Elección de Vivienda, es el principal programa habitacional del Estado destinado a familias en situación de vulnerabilidad —hasta el 40% de Calificación Socioeconómica— que buscan acceder a una vivienda sin endeudamiento hipotecario. Es, en términos prácticos, el mecanismo con que miles de familias organizadas en comités de vivienda esperan resolver su situación habitacional.
Un recorte acumulado con historia larga
El ajuste revelado por la Resolución N°685 no surge de la nada. Se suma a los 20.000 subsidios DS49 recortados al término del gobierno de Gabriel Boric, que dejaron el programa con 13.420 cupos para comités anunciados en febrero, cifra que la nueva resolución reduce nuevamente a solo 5.000 para todo el año 2026, equivalente a una reducción adicional del 73%.
El ministro de Vivienda Iván Poduje había advertido esta situación desde antes de asumir. Señaló que cerca del 97% del presupuesto total del Minvu para 2026 ya se encontraba comprometido por obligaciones y deudas arrastradas de ejercicios anteriores, dejando un margen muy acotado para nuevos programas e iniciativas. Al asumir el cargo, calificó el escenario heredado como una «crisis de proporciones».
Los Ríos y Biobío: entre las regiones más golpeadas
La distribución regional del recorte no es homogénea. Según la resolución del Minvu, la Región Metropolitana es la más afectada en términos absolutos, con una caída del 73,4% respecto al año anterior: el presupuesto bajó de UF 2,8 millones a UF 768 mil. Con bajas similares —en torno al 70%— aparecen las regiones de Los Ríos, Biobío, Tarapacá y Antofagasta. En el resto del país las reducciones fluctúan entre 40% y 60%, con dos excepciones: La Araucanía, donde el ajuste fue del 33%, y Aysén, con solo un 13% de reducción.
El caso de Los Ríos tiene un antecedente que agrava el diagnóstico. La senadora María José Gatica (RN) había vinculado los recortes al DS49 con otra irregularidad detectada en la región: más de $60 mil millones devueltos por el Serviu de Los Ríos a la Dipres en diciembre de 2025 por no ejecutar su presupuesto. Es decir, la región no solo recibe menos recursos este año, sino que en el período anterior no logró ejecutar los que tenía disponibles.
El impacto concreto: menos viviendas, más espera
Según estimaciones del sector, de las 16.825 unidades aprobadas originalmente a comienzos de año por la Dipres, ahora solo se estarían validando entre 3.450 y 5.050 viviendas dependiendo del costo final del subsidio por unidad. Para las familias organizadas en comités, esto significa que los tiempos de espera se extenderán de forma significativa.
El impacto además trasciende la demanda habitacional. El ajuste también golpeará a las empresas constructoras enfocadas en vivienda social, dado que una menor disponibilidad de subsidios implica menos proyectos en desarrollo. Como advirtió un académico consultado por el Diario Financiero, «si se construyen pocas viviendas, es difícil seguir hablando de una industria dedicada a las viviendas sociales». biobiochile
Qué dice el Minvu y qué queda pendiente
El Minvu ha reconocido la estrechez presupuestaria pero ha sostenido que existe margen legal para incrementar progresivamente los cupos del DS49 a lo largo del año. El compromiso formal con el Congreso es llegar a 40.000 subsidios DS49 anuales. En 2025, el primer llamado comenzó con UF 15,8 millones y el ejercicio cerró con cerca de UF 28 millones totales, lo que abre la posibilidad —aunque no la certeza— de que los llamados siguientes compensen parcialmente el recorte del primero.
Lo que sí es claro es que la Comisión de Vivienda del Senado ya ha exigido respuestas. Su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, calificó los recortes como una decisión de enorme impacto social adoptada administrativamente sin debate parlamentario y sin consulta a las familias organizadas que esperan estos beneficios.
