El proceso penal por el millonario fraude que investiga a la Municipalidad de Puerto Montt y a la Dirección de Administración de Educación Municipal (Daem) enfrenta un nuevo retraso, luego de que cuatro abogados defensores renunciaran a la representación de distintos imputados a pocos días de una audiencia clave. La salida coordinada de los equipos privados obligó a la intervención de la Defensoría Penal Pública y abrió paso a una inminente reprogramación en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.
La preparación del juicio oral estaba fijada originalmente para el martes 2 de junio, pero el cambio abrupto de defensas dejó a gran parte de los ocho imputados sin representantes de confianza. El tribunal revisará ese mismo día el escenario generado por las renuncias y la necesidad de otorgar tiempo a los nuevos defensores para estudiar una carpeta investigativa considerada voluminosa.
Entre las dimisiones se cuenta la del abogado Andrés Firmani, quien ejercía la defensa del exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes. Posteriormente dejó la causa José Miguel Devilat, abogado de Carlos Soto, exdirector municipal de Concesiones. En la última semana se sumaron Nofal Abud, quien representaba a Albán Mancilla, y Jaime Ulloa, defensor de Carlos Parrao. Hasta ahora, el abogado Ricardo Oliva es el único que confirmó continuidad en la defensa de Alicia Hernández.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el caso, el factor que terminó por tensionar la permanencia de las defensas privadas fue el horizonte estimado por la Fiscalía Local: el Ministerio Público proyecta que el juicio oral podría extenderse entre ocho meses y un año, debido a la cantidad de documentos, registros y testimonios reunidos durante la investigación.
Fiscalía proyecta un juicio de hasta un año por volumen de pruebas
La extensión prevista del juicio oral es el punto que, según lo planteado por abogados que dejaron la causa, vuelve difícil sostener una defensa privada durante un periodo tan prolongado, con audiencias de alta frecuencia. Nofal Abud calificó el escenario como insostenible para el ejercicio profesional particular, al señalar que un debate con audiencias diarias de lunes a viernes impediría atender otras causas.
En la misma línea, Jaime Ulloa sostuvo que la salida se concretó por mutuo acuerdo, al estimarse inviable el costo de sostener el trabajo defensivo ante un juicio largo y exigente. La proyección de la Fiscalía, añadida al volumen de la prueba, instaló un problema práctico: el ingreso de nuevos defensores en una etapa decisiva del proceso, cuando el tribunal debe discutir y fijar qué evidencia llegará finalmente al juicio oral.
Ante este escenario, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt deberá resolver el 2 de junio si reprograma el debate preparatorio. El objetivo de la prórroga sería permitir que los defensores que asuman —en particular desde el sistema público— se interioricen en los antecedentes de la investigación y articulen una estrategia técnica adecuada para sus representados.
Defensoría Penal Pública asume para garantizar representación técnica
La defensora regional, María Soledad Llorente, aseguró que la Defensoría Penal Pública dará cobertura al proceso para resguardar el derecho constitucional a una defensa técnica, independiente de la complejidad que adquiera el litigio. Ese respaldo, explicó, busca evitar que los cambios de representación afecten garantías básicas del procedimiento penal y permitir la continuidad del caso en tribunales.
En lo inmediato, el desafío para los nuevos abogados será revisar una carpeta investigativa que la Fiscalía considera extensa, en un proceso donde se anticipa una presentación prolongada de prueba documental y testimonial. Esa revisión cobra especial relevancia en la preparación de juicio oral, etapa en que se debaten exclusiones probatorias y se delimitan los hechos y medios de prueba que se expondrán ante el tribunal.
La causa del fraude Puerto Montt mantiene como figura central al exalcalde Gervoy Paredes. En la acusación se detalla un incremento patrimonial no justificado por $214.353.963 entre 2012 y 2022, junto con un desfase del 21% entre ingresos formales y gastos reales, según la imputación del Ministerio Público.
Además, la Fiscalía solicita penas que, en conjunto, suman cerca de 15 años de presidio para el exjefe comunal. En la misma línea investigativa, el organismo persecutor sostiene la existencia de una estructura de pagos ilícitos que presuntamente operaba bajo el mando de Carlos Soto.
Con la reconfiguración de defensas ya en marcha, el estado actual del caso queda supeditado a lo que resuelva el tribunal el 2 de junio respecto de la reprogramación y los plazos necesarios para que los nuevos representantes estudien los antecedentes. En Puerto Montt, el avance del proceso —por su duración prevista y la magnitud de la prueba— se perfila como uno de los juicios más extensos asociados a la administración municipal de los últimos años.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
