El ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes procedentes de Haití durante 2025 activó una ofensiva judicial y administrativa en Chile, luego de que un preinforme reservado de la Contraloría General de la República advirtiera graves deficiencias en los procedimientos y registros asociados al control migratorio de menores haitianos Chile, en un patrón de traslados aéreos que se realizaban bajo la figura de reunificación familiar.
A partir de esos antecedentes, la Fiscalía Nacional informó la apertura de una investigación penal de oficio a través de su Unidad de Anticorrupción, dirigida por Eugenio Campos. El caso quedó radicado en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, con diligencias orientadas a esclarecer la presunta comisión de delitos vinculados al tráfico ilícito de migrantes.
En paralelo, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), encabezado por su director nacional Frank Sauerbaum, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público. Según se informó, la acción apunta a 12 adultos —chilenos y extranjeros— que habrían ingresado de manera reiterada al país custodiando delegaciones de entre dos y 18 menores haitianos, sin vínculos de consanguinidad y sin contar con las autorizaciones legales correspondientes.
Auditoría detectó pérdidas de trazabilidad y registros incompletos
La auditoría examinada por la Contraloría se construyó sobre una muestra focalizada de 366 personas procedentes de Haití. De ese total, el organismo constató que 333 correspondían a menores de edad, trasladados en operaciones comerciales descritas como no regulares.
Entre las observaciones consignadas se incluyó la pérdida de trazabilidad de decenas de niños y niñas que no pudieron ser ubicados en los domicilios declarados como destino. El reporte además levantó inconsistencias en la identificación, con 499 casos sin número de documento registrado, y advirtió el otorgamiento de permisos a tres menores cuyo tutor legal había fallecido antes del viaje.
En el plano investigativo, el foco se concentra en el modo en que se habrían coordinado estos traslados aéreos bajo la causal de reunificación familiar, así como en la verificación de vínculos, autorizaciones y documentación exigida para el ingreso de menores, considerando las divergencias detectadas por el ente fiscalizador.
DGAC delimita su rol y confirma procedimiento contra ARAJET
La situación también derivó en cuestionamientos por los permisos de ruta entregados a aerolíneas chárter que participaron en los traslados, entre ellas Galistair, Aruba Airlines y Caribbean Sun Airlines. Frente a ello, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un pronunciamiento técnico explicativo, precisando que, bajo la normativa DAN 129, su competencia se limita a ámbitos de seguridad operativa de aeronaves, tripulaciones y control del espacio aéreo.
La DGAC sostuvo que las materias de control migratorio de pasajeros no forman parte de sus atribuciones, marcando una separación entre las autorizaciones y exigencias aeronáuticas y las verificaciones migratorias que corresponden a los organismos competentes.
En la misma comunicación, la autoridad aérea confirmó que mantiene un procedimiento infraccional en etapa de cierre contra la empresa de transportes ARAJET. Según se indicó, ese proceso fue iniciado formalmente luego de recibir requerimientos expresos por parte de los servicios migratorios correspondientes.
Por ahora, tanto la investigación penal radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como la denuncia del Servicio Nacional de Migraciones mantienen el caso en fase de recopilación de antecedentes y verificación de responsabilidades, mientras los organismos involucrados delimitan sus competencias ante las falencias detectadas en el traslado e ingreso de menores desde Haití.
