PDI desarticula facción “Hong Men” y clausura 26 casinos clandestinos

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Resumen generado automáticamente con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por Mirada Sur.

La Operación Muralla Oriental II dejó 37 detenidos y bienes incautados por $1.800.000.000 tras una investigación por lavado de activos.

La Fiscalía Supraterritorial y la PDI apuntan a una red ligada a la mafia china en Chile, que operaba en la Región Metropolitana y Valparaíso con salas de juego ilegales y transferencias al extranjero.

Un megaoperativo coordinado entre la Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una facción de la organización criminal china “Hong Men”, acusada de operar una red de casinos clandestinos y lavado de activos. La intervención, realizada el 26 de junio de 2026, terminó con 37 personas detenidas y la incautación de bienes avaluados en $1.800.000.000, según informaron las autoridades.

El procedimiento penal fue dirigido por el Fiscal Jefe Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, junto al Prefecto General de la PDI, Jorge Sánchez. El despliegue se ejecutó de manera simultánea bajo el nombre de “Operación Muralla Oriental II” e incluyó allanamientos y clausuras en la Región Metropolitana y en la Región de Valparaíso.

De acuerdo con lo informado, el operativo contempló la intervención de 29 inmuebles y la clausura de 26 casinos clandestinos. En el balance de detenidos, las autoridades confirmaron que 32 corresponden a ciudadanos de nacionalidad china, quienes, según la investigación, operaban en territorio nacional vinculados a esta estructura delictiva.

Red de juego ilegal y flujo de dinero al extranjero

La Fiscalía y la PDI sostienen que la organización utilizaba salas de juego ilegales como plataforma para blanquear capitales ilícitos. En esa dinámica, los ingresos eran movidos y ocultados mediante mecanismos destinados a dificultar su trazabilidad, con el objetivo final de desviar recursos al extranjero.

Entre los métodos detectados por los equipos investigadores figuran el sistema informal “hawala” y el uso de criptomonedas, herramientas que, según el Ministerio Público, habrían sido empleadas para traspasar fondos fuera del país y fragmentar operaciones, evitando controles tradicionales del sistema financiero.

Durante los allanamientos, además de la clausura de los recintos de juego clandestino, se incautó dinero en efectivo. La policía informó el decomiso de $700.000.000 en moneda nacional y US$30.000 en dólares. Estas evidencias, junto con otros bienes y especies asociadas a la investigación, forman parte del set de antecedentes reunidos para sustentar los delitos indagados.

Imputados a control de detención y peritajes financieros en curso

Tras el operativo, los detenidos quedaron a disposición de los Tribunales de Justicia correspondientes para enfrentar sus respectivas audiencias de control de detención y formalización. La investigación considera delitos de lavado de activos, asociación ilícita y delitos informáticos, según el detalle entregado por la Fiscalía y la PDI.

En paralelo, los peritajes financieros continúan, con diligencias que apuntan a establecer el origen y destino de los recursos, el rol de cada integrante dentro de la estructura y el modo de funcionamiento de la red. Las autoridades indicaron que estos análisis se mantienen bajo reserva por parte de la Unidad de Análisis Financiero, en el marco del seguimiento patrimonial y la trazabilidad del flujo de dinero.

La operación, presentada como un golpe a la capacidad económica de esta estructura, busca desfinanciar el funcionamiento de la red vinculada a la mafia china en Chile, especialmente a través del cierre de sus puntos de operación asociados al juego ilegal. Por ahora, el caso queda a la espera del avance de las formalizaciones y de los resultados de las diligencias en curso que permitan dimensionar el alcance total del lavado de activos investigado.

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.