El Consejo para la Transparencia (CPLT) remitió al Ministerio de Hacienda una nómina con 155 multas impagas aplicadas a autoridades y funcionarios estatales por infracciones a la Ley de Transparencia, sanciones cursadas entre enero de 2022 y enero de 2026. La entrega formal se realizó ante el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, con el objetivo de impulsar acciones coordinadas con la Tesorería General de la República (TGR) y acelerar los procedimientos de cobro, tanto por vía administrativa como judicial.
La presentación fue encabezada por la presidenta del CPLT, Natalia González, junto a los consejeros María Jaraquemada y Bernardo Navarrete, quienes entregaron la documentación consolidada por el organismo fiscalizador. Según el catastro, las multas pendientes corresponden a 142 funcionarios pertenecientes a más de 90 organismos del aparato estatal.
De acuerdo con los antecedentes, entre las instituciones involucradas figuran municipalidades y corporaciones edilicias, gobiernos regionales, servicios públicos centralizados y una superintendencia sectorial. El CPLT sostuvo que más de la mitad de las sanciones no regularizadas impacta directamente a alcaldes y jefes de servicio que se encuentran en ejercicio, mientras que el resto recae en administradores municipales, secretarios municipales, asesores jurídicos y encargados de unidades de transparencia.
El informe también advierte que existen infractores que registran, de manera simultánea, dos y hasta tres multas firmes pendientes de pago. La nómina incluye tanto personal que continúa en funciones directivas como exautoridades que ya dejaron sus cargos.
Coordinación con Tesorería para acelerar el cobro
El Consejo para la Transparencia explicó que, si bien posee atribuciones para fiscalizar el cumplimiento de la ley, instruir sumarios y aplicar sanciones, una vez que el acto administrativo queda ejecutoriado la potestad de cobro coactivo corresponde en exclusividad a la Tesorería General de la República. En esa línea, la gestión ante Hacienda busca articular un trabajo interinstitucional que permita destrabar y acelerar los procesos de cobranza.
La presidenta del CPLT, Natalia González, planteó que la falta de pago de estas sanciones constituye una señal “de máxima gravedad” para el principio de probidad. La autoridad sostuvo que el incumplimiento no solo afecta la efectividad del sistema sancionatorio, sino que además debilita los estándares de cumplimiento exigibles a quienes ejercen cargos públicos.
El marco legal contempla castigos económicos que equivalen a entre 20% y 50% de la remuneración mensual del infractor. Se trata de multas asociadas a incumplimientos específicos establecidos en la normativa, ya sea por obligaciones de publicidad permanente o por no entregar información cuando es solicitada por la ciudadanía mediante los canales formales.
Infracciones gravísimas y falta de información pública
El desglose estadístico informado por el CPLT señala que más de dos tercios de los dictámenes acumulados se originaron por infracciones gravísimas vinculadas a los deberes permanentes de Transparencia Activa en plataformas digitales. Ese tipo de incumplimientos, precisó el organismo, se asocia a omisiones como la ausencia de datos actualizados sobre contratos públicos, compras institucionales, remuneraciones del personal y la ejecución presupuestaria.
El tercio restante de las sanciones corresponde a la denegación injustificada de información pública requerida formalmente por ciudadanos, a través de los mecanismos de acceso establecidos en la ley. En estos casos, las multas se aplican cuando el CPLT concluye que no existieron fundamentos para negar la entrega de los antecedentes solicitados.
Con la entrega del listado al Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Transparencia busca que la coordinación con la TGR permita acelerar la recuperación de los montos adeudados y reforzar el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los distintos niveles del Estado. El registro consolidado —con 155 multas impagas entre 2022 y 2026— queda como base para impulsar la cobranza de sanciones ya firmes, enfocadas principalmente en autoridades en ejercicio y equipos responsables de la gestión de transparencia institucional.
