La diputada Paulina Muñoz respaldó la decisión de la Municipalidad de Purranque de retirar casetas para perros instaladas en espacios públicos, argumentando que, ante denuncias vecinales, las autoridades deben privilegiar la seguridad y la salud pública por sobre el bienestar de animales que permanecen en la vía pública sin un responsable identificable.
El procedimiento municipal volvió a instalar el debate sobre la figura del “perro comunitario” y el impacto sanitario asociado a ataques y mordeduras. La parlamentaria sostuvo que el foco debe estar en la prevención de riesgos para los vecinos, especialmente cuando existen reportes de situaciones que afectan el tránsito y la convivencia en los barrios.
Muñoz planteó que “la primera responsabilidad de una municipalidad es actuar cuando recibe denuncias de los vecinos y existe un riesgo sanitario o un peligro para la comunidad. Eso fue lo que ocurrió en Purranque”. En esa línea, insistió en que las decisiones locales deben evaluarse a la luz del resguardo de las personas, en particular de niños, niñas y adultos mayores.
El debate, añadió, no puede desligarse del escenario nacional de salud pública. Recordó que en 2023 se registraron 60.986 atenciones por mordeduras de caninos en Chile, de las cuales 35.000 correspondieron a ataques de animales callejeros, cifras que, a su juicio, reflejan un problema persistente y de amplio alcance.
Cifras al alza y preocupación sanitaria en Los Lagos
Según los antecedentes citados por la diputada, durante 2024 las atenciones médicas por ataques de perros en el país superaron las 80.000 consultas, lo que reforzaría la necesidad de fortalecer medidas de prevención y control. En el caso de la Región de Los Lagos, el panorama también muestra números relevantes: entre 2024 y abril de 2025 se contabilizaron 4.217 consultas médicas por mordeduras de caninos.
Muñoz señaló que esta tendencia mantiene en alerta a los servicios de salud y obliga a abordar el fenómeno con una mirada que combine protección animal con medidas efectivas de seguridad. En su diagnóstico, la discusión no se limita a la presencia de perros en espacios públicos, sino al marco legal que permite, en la práctica, que existan animales cuidados por terceros, pero sin una obligación jurídica clara frente a eventuales daños.
“La ley terminó formalizando la existencia de perros que no tienen dueño. Todos los alimentan, todos les ponen casas, pero cuando muerden a un niño, a un adulto mayor o impiden que los vecinos transiten con tranquilidad, nadie responde”, afirmó la parlamentaria, apuntando a lo que describió como un vacío de responsabilidad.
Responsabilidad jurídica y cambios a la ley de tenencia responsable
Al referirse a los perros comunitarios Purranque, la diputada enfatizó que la tenencia responsable debe traducirse en obligaciones concretas y no solo en acciones de cuidado. “El bienestar de los perros no puede estar por sobre el derecho de las personas”, sostuvo, al insistir en que la tranquilidad y seguridad en los barrios debe ser el criterio central cuando se evalúan medidas como el retiro de casetas o la permanencia de animales en plazas y veredas.
Muñoz añadió que no se puede normalizar que “los niños no puedan jugar en su barrio o que los adultos mayores tengan miedo de salir de sus casas por la presencia de perros sin dueño”, y recalcó que la ausencia de un responsable frente a incidentes deja a los vecinos en indefensión.
En ese marco, hizo un llamado directo a las agrupaciones animalistas para asumir un rol con mayor responsabilidad jurídica respecto de los ejemplares que intervienen o permanecen en la vía pública. “Si una organización alimenta a un perro, le instala una caseta y promueve su permanencia en un sector, también debe hacerse responsable de las consecuencias que ese animal pueda generar. No basta con defender los derechos de los animales; también hay que proteger el derecho de los vecinos a vivir seguros”, afirmó.
Finalmente, la diputada adelantó que impulsará modificaciones a la legislación vigente sobre tenencia responsable, con el objetivo de cerrar vacíos jurídicos que, según su postura, han facilitado la proliferación de animales sin propietarios identificables. Por ahora, el retiro de casetas en Purranque mantiene abierto el debate local y regional sobre cómo compatibilizar el cuidado animal con la prevención de riesgos y la seguridad en los espacios públicos.
