El Ministerio Público presentó acusación ante la Fiscalía Local de Coyhaique en contra de ocho personas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, entre ellas el senador independiente Miguel Ángel Calisto Águila. La investigación, desarrollada por la Fiscalía Regional de Aysén junto a la Policía de Investigaciones, sostiene que el perjuicio para el Estado supera los $105 millones a través de un esquema de contratación de servicios de asesoría que, según el organismo, nunca se prestaron.
El esquema de la «caja pagadora»
De acuerdo con el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, los principales acusados —Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo y el propio senador— enfrentan delitos con penas de crimen, dado el monto defraudado y el carácter reiterado de los ilícitos. La Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2022, cuando Calisto ejercía como diputado, se concertó con Cárcamo y Graf para obtener recursos en perjuicio del Congreso Nacional. Según el persecutor, Graf nunca prestó servicios reales y sus contratos operaron como un mecanismo instrumental para extraer fondos fiscales: los honorarios que el Congreso le pagaba se transferían luego a Cárcamo y al entonces parlamentario para su provecho personal. El monto del perjuicio quedó fijado en $105.554.697.
La acusación es el desenlace de un proceso que escaló durante 2026. En mayo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó arraigo nacional y prohibición de comunicación con los coimputados tras la reformalización del caso. La causa se complejizó cuando la Fiscalía la agrupó con otras investigaciones que presentaban un modus operandi similar, incluyendo aristas vinculadas a proyectos financiados con recursos del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Aysén, por montos superiores a los $32 millones.
Una acusación con peso político en el Senado
El alcance del caso trasciende lo judicial. Calisto integra la bancada de Evópoli en la Cámara Alta y su voto es considerado clave ante el equilibrio entre oficialismo y oposición en el Senado, lo que da a la acusación una dimensión política que la Fiscalía investiga en paralelo a la penal. El fiscal Libedinsky afirmó que la prueba ofrecida incluye numerosos antecedentes documentales, testigos y peritajes que, a juicio del Ministerio Público, permitirían acreditar en un eventual juicio oral cada uno de los hechos imputados.
El caso se inscribe en una serie de investigaciones por uso irregular de asignaciones parlamentarias que han golpeado al Congreso, y refuerza el escrutinio sobre el manejo de fondos públicos en la macrozona sur-austral, donde la Fiscalía de Aysén ha concentrado varias indagatorias por fraude con recursos regionales. El proceso continúa su curso y deberá fijarse la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
