El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que crea un procedimiento especial para la regularización de títulos de dominio destinado a familias afectadas por catástrofes naturales, con gratuidad total del trámite y una reducción significativa de los tiempos de tramitación estatal. La propuesta busca entregar certeza jurídica a las personas damnificadas en el menor plazo posible y fortalecer la respuesta del aparato público ante emergencias.
La iniciativa fue anunciada formalmente por el Presidente de la República, José Antonio Kast, quien presentó el ingreso del texto como una herramienta para agilizar soluciones en contextos de desastre. Según lo planteado, el diseño legal apunta a que las familias puedan acceder en menos tiempo a la regularización de la propiedad del terreno, un requisito que suele ser exigido para distintos apoyos posteriores.
Desde el Ministerio de Bienes Nacionales, la ministra Catalina Parot relevó el impacto social del instrumento. La secretaria de Estado explicó que el cambio permitirá reducir los plazos de regularización: de un promedio de hasta 2 años a cerca de 6 meses, de acuerdo con los objetivos trazados en la reforma administrativa asociada al proyecto.
En esa línea, el Ejecutivo plantea que la regularización excepcional operará como una vía rápida para quienes acrediten haber resultado damnificados por eventos de fuerza mayor o catástrofes naturales, con el foco puesto en resolver una de las principales barreras que aparecen tras una emergencia: la falta de documentación o de titularidad regularizada sobre el terreno donde se emplaza la vivienda.
Gratuidad total para damnificados e inclusión de costos asociados
Uno de los puntos centrales del proyecto es el establecimiento de un costo 0 para las personas que resulten damnificadas por este tipo de eventos. La propuesta define la gratuidad total del procedimiento de regularización, con el objetivo de evitar que las familias deban asumir gastos que, en la práctica, pueden retrasar el acceso a soluciones definitivas.
De acuerdo con lo informado, la exención monetaria incluye de forma obligatoria el pago de publicaciones legales, inscripciones conservatorias y la emisión de certificados. Con ello, el Gobierno busca que el proceso no sólo sea más rápido, sino también completamente financiado en lo que respecta a los ítems que usualmente forman parte de la tramitación requerida para consolidar el dominio.
La autoridad sectorial vinculó esta medida a la necesidad de responder con mayor eficiencia en emergencias, considerando que la regularización de la propiedad constituye un paso clave para que los damnificados puedan formalizar su situación y avanzar en etapas posteriores de reconstrucción.
Debate legislativo y efecto en subsidios de reconstrucción
Con el ingreso del proyecto al Poder Legislativo, se abre el debate parlamentario para la implementación de esta modalidad excepcional. El Ejecutivo espera que el texto permita activar una respuesta más rápida en escenarios de catástrofes, al reducir de manera drástica los plazos y eliminar los costos directos del procedimiento para quienes acrediten la condición de damnificados.
El proyecto también busca atender un problema recurrente tras eventos de gran impacto: la vulnerabilidad habitacional que se profundiza cuando las familias no tienen el terreno regularizado, lo que puede trabar o retrasar apoyos y soluciones. Según se indicó, la medida apunta a facilitar el acceso a subsidios de reconstrucción, considerando que estos beneficios exigen de forma estricta la propiedad regularizada del terreno.
En ese marco, la propuesta se presenta como una herramienta para acelerar la recuperación, al conectar la regularización del dominio con la posibilidad de destrabar apoyos estatales. El diseño se orienta a que la tramitación ante el Estado deje de tomar años y se acerque a un horizonte de meses, manteniendo la finalidad de otorgar certeza jurídica.
El proyecto de regularización títulos catástrofes queda ahora a la espera de su discusión en el Congreso, donde se revisarán los alcances del procedimiento especial, su implementación y la forma en que se acreditará la condición de damnificado. Mientras el texto avanza en su tramitación legislativa, el Gobierno sostiene que la combinación de gratuidad total y reducción de tiempos constituye el núcleo de la respuesta propuesta para enfrentar la etapa postcatástrofe con mayor rapidez.
