José Antonio Kast oficializó este miércoles el ingreso del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico a la Cámara de Diputados, acompañado por los ministros Iván Poduje y Jorge Quiroz. La iniciativa, presentada como un paquete de más de 40 medidas para reactivar la economía, enfrentar el desempleo y acelerar soluciones habitacionales, desató de inmediato una tormenta política desde la oposición y desde el propio mundo de las pequeñas empresas.
Desde La Moneda, Kast describió un escenario sociolaboral crítico: 800 mil chilenos en situación de cesantía, un 22% de desempleo juvenil y un crecimiento que —según planteó— «apenas llega al 2%». Ante ese diagnóstico, el mandatario presentó su propuesta como una reactivación «profunda» de la macroeconomía.
Los ejes del proyecto
El corazón tributario de la iniciativa es la reducción progresiva del impuesto de primera categoría desde el 27% actual hacia un 23%, buscando entregar señales de estabilidad al mundo empresarial. A esto se suma un crédito tributario de US$1.400 millones orientado a potenciar la contratación formal, que el Ejecutivo presentó como un beneficio para 235 mil pymes y más de 4 millones de trabajadores.
En materia regulatoria, Kast cuestionó la «permisología» vigente, señalando que proyectos de inversión quedan paralizados por más de mil días debido a trabas burocráticas. En lo urbano y habitacional, el proyecto contempla fondos para 100 mil familias que viven en campamentos y amplía en $400 mil millones el Fondo de Emergencia por Incendios, incorporando a las regiones de Ñuble y Biobío junto a Valparaíso. Para Los Lagos, donde el empleo depende en una parte relevante de las pymes y la inversión en comercio, construcción e industrias locales, el debate legislativo sobre rebajas e incentivos se vuelve un punto de interés directo para actores productivos y laborales.
Las pymes: «Nos sube los impuestos y a las grandes se los baja»
La principal grieta política del proyecto no vino de la oposición, sino del propio mundo pyme al que el Gobierno dice querer beneficiar. Más de 100 pymes enviaron una declaración pública solicitando mantener el impuesto del 12,5% de forma permanente, señalando que esa fue una promesa de campaña de Kast.
El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, calificó como un «baldazo de agua fría» que el Ministerio de Hacienda haya retirado del proyecto la medida que mantenía permanentemente la tasa del 12,5% para las pymes. Bajo el cronograma vigente, esa tasa subirá al 15% en 2029 y luego al 23% en 2030, igualándose con la tasa de las grandes empresas, que en cambio verán reducido su impuesto desde el 27% actual.
«No puedes bajarle los impuestos a las grandes empresas a costa de subirle el impuesto a los emprendedores. Que las pymes paguen el mismo impuesto que Coca-Cola no tiene ningún sentido ni económico ni político», cuestionó Swett, quien advirtió que existe apoyo transversal en el Congreso para reponer la tasa permanente del 12,5% durante la tramitación legislativa.
La oposición: «Reforma encubierta» y «traje a la medida de los ricos»
Desde la izquierda, las críticas fueron más frontales. El diputado socialista Nelson Venegas calificó la propuesta como «una reforma tributaria encubierta donde a las pymes se les ofrecen créditos, pero a las grandes empresas se les ofrece una rebaja e invariabilidad tributaria que dejará amarrados a los gobiernos futuros».
El senador Núñez argumentó que la rebaja del impuesto corporativo cuesta US$1.858 millones y beneficia principalmente a empresas que representan el 1,9% del total pero concentran el 88,9% de las ventas.
Desde la oposición también se apuntó a la invariabilidad tributaria propuesta, calificándola de «inconstitucional» e indicando que busca blindar los beneficios por 20 años, impidiendo que congresos futuros puedan modificarlos.
Una minuta elaborada por exfuncionarios de Hacienda, la Dipres y el SII del gobierno anterior, enviada a parlamentarios de oposición, estimó que la reforma reduciría los ingresos fiscales en US$4.400 millones al año —un 7% de la recaudación anual del Estado—, generando una brecha financiera de US$14.000 millones para alcanzar el equilibrio fiscal comprometido por Kast al término de su mandato.
Tensiones también dentro del oficialismo
Las tensiones no se limitan a la oposición. El Gobierno también ha enfrentado roces con parlamentarios de su propio sector, lo que podría anticipar dificultades para ordenar mayorías y complejizar la tramitación en el Congreso. El Ejecutivo apuesta a tener el proyecto aprobado antes de septiembre para integrarlo a la Ley de Presupuestos 2027, pero el volumen de la iniciativa hace prever una tramitación legislativa compleja.
Kast, al cierre de su anuncio, apeló al Congreso a dejar la polarización de lado: «la tarea número uno es generar empleo, el resto es música». El proyecto, sin embargo, llegó al Parlamento con la música bien alta.
