El Servicio Nacional de Migraciones activó un protocolo excepcional de salida humanitaria voluntaria dirigido a ciudadanos venezolanos que necesiten retornar a su país, medida que rige a nivel nacional desde el 7 de julio de 2026. La disposición busca responder a la crisis generada por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026 en Venezuela, que afectó con fuerza zonas urbanas de Caracas y La Guaira.
Según informó la autoridad, el mecanismo habilita la salida del territorio nacional incluso para quienes porten documentación de identidad o de viaje actualmente vencida. El protocolo, sin embargo, establece que el apoyo logístico estatal no incluye el financiamiento de los pasajes aéreos, los que deben ser cubiertos por cada usuario.
En la implementación del plan, el Servicio Nacional de Migraciones definió criterios de atención diferenciados, con requisitos y consecuencias administrativas según la situación migratoria de cada persona. El objetivo, señaló la institución, es flexibilizar de manera transitoria exigencias documentales para facilitar retornos por motivos humanitarios asociados a la emergencia.
Tres perfiles y condiciones para acceder al protocolo
El primer perfil considera a personas venezolanas con residencia regular en Chile que mantengan documentos de su país de origen caducados y busquen retornar de manera definitiva. En este grupo, el foco está puesto en permitir la salida pese al vencimiento de documentos, atendiendo el escenario extraordinario originado por el desastre.
El segundo grupo corresponde a extranjeros en situación migratoria irregular dentro del país, también con documentación vencida. Para acceder al protocolo, este segmento debe contar obligatoriamente con un pasaje aéreo autofinanciado y acreditar previamente el pago de la multa que corresponda. El trámite de dicha multa, precisó la autoridad, se gestiona únicamente a través del portal digital institucional.
El tercer perfil abarca a quienes registran ingreso clandestino por pasos fronterizos no habilitados y, además, porten documentos expirados. En estos casos, el protocolo establece reglas más estrictas para el egreso, tanto en el lugar habilitado para salir de Chile como en los controles posteriores.
Salida por el aeropuerto de Santiago y prohibición de reingreso
Para las personas que se encuentren en el tercer perfil —ingreso clandestino—, la medida indica que deberán salir exclusivamente por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en la Región Metropolitana. En la principal terminal aérea del país, el control será realizado de forma estricta por personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.
El protocolo también contempla la situación de quienes no tengan una denuncia administrativa previa. En ese caso, se les permitirá realizar el trámite obligatorio directamente en el recinto aeroportuario. La fiscalización, de todos modos, exigirá concurrir con anticipación para completar las actas migratorias correspondientes antes del embarque.
La autoridad advirtió que quienes usen este mecanismo excepcional para salir del país tras un ingreso clandestino quedarán sujetos a una prohibición formal de reingreso a Chile. La sanción, se indicó, será aplicada como medida administrativa conforme a la legislación migratoria chilena vigente.
Desde el nivel regional, la directora regional del Servicio Nacional de Migraciones en Los Lagos, Macarena Gallardo, llamó a los usuarios a informarse por canales institucionales antes de trasladarse hacia terminales de transporte. La autoridad regional sostuvo que la normativa busca flexibilizar temporalmente requisitos documentales para responder a situaciones familiares urgentes derivadas de la catástrofe, y recomendó revisar de forma telemática el estado administrativo individual para evitar traslados innecesarios o pérdida de vuelos.
Con el protocolo ya vigente, la salida humanitaria venezolanos Chile queda sujeta a la condición migratoria de cada persona, al cumplimiento de multas cuando corresponda, a la disponibilidad de pasajes financiados por el propio usuario y, en casos de ingreso clandestino, a controles reforzados y a la aplicación de prohibición de reingreso.
