Un operativo policial en la comuna de Mariquina terminó con la incautación de 237 plantas de cannabis sativa, municiones de distinto calibre y más de $21 millones en dinero en efectivo. Tras la diligencia, el Juzgado de Garantía de Mariquina decretó prisión preventiva para tres de los cuatro imputados formalizados, en el marco de una investigación que indaga delitos asociados a la Ley de Drogas, la Ley de Control de Armas y el lavado de activos.
La causa es llevada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Los Ríos, que expuso los antecedentes en audiencia de formalización. De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público, los detenidos fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, microtráfico, cultivo de especies vegetales del género cannabis sativa, lavado de activos y tenencia ilegal de municiones.
El procedimiento se desarrolló de manera conjunta con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones. Según los antecedentes presentados en la formalización, el operativo permitió desarticular una estructura que, de forma presunta, se dedicaba al tráfico de drogas y también al movimiento de municiones en la Región de Los Ríos.
En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la investigación establece vínculos entre los imputados y una agrupación que operaba dentro de la región. Además, se indicó que esta presunta organización se abastecía a través de proveedores provenientes de la Región de La Araucanía, elemento considerado relevante para comprender la forma en que se mantenía el flujo de sustancias y otros elementos asociados a la investigación.
El decomiso realizado durante el procedimiento —las 237 plantas, las municiones de distinto calibre y el efectivo por más de $21 millones— fue considerado por el ente persecutor como un respaldo para sostener la existencia de un esquema organizado con fines de comercialización. En este tipo de investigaciones, la combinación de droga, municiones y dinero en efectivo suele ser relevante para indagar la eventual coordinación de roles, rutas de aprovisionamiento y posibles mecanismos para ocultar u “ordenar” recursos.
El impacto concreto de este tipo de operativos en Mariquina y en la Región de Los Ríos se relaciona con la interrupción de una cadena de distribución que, según la tesis investigativa, apuntaba a la venta de droga en el territorio. Más allá de los números incautados, el efecto inmediato se traduce en menos oferta disponible para el microtráfico local y en la desarticulación de redes que, en ocasiones, generan presión sobre barrios y entornos comunitarios por su capacidad de financiarse y sostenerse en el tiempo.
Como contexto, la investigación se enmarca en delitos vinculados a la Ley de Control de Armas, la Ley de Drogas y el lavado de activos, lo que da cuenta de un enfoque que no solo persigue la tenencia o el tráfico de sustancias, sino también la estructura económica que permite que estos negocios funcionen. En la práctica, seguir el rastro del dinero y establecer su origen es una pieza central para determinar responsabilidades y dimensionar el alcance de los hechos investigados.
En cuanto a las medidas cautelares, el Juzgado de Garantía de Mariquina acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para tres imputados, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Respecto del cuarto imputado —un hombre de 71 años, sin antecedentes penales— el tribunal resolvió aplicar las cautelares de arraigo nacional y firma periódica.
La investigación quedó con un plazo de 120 días. Durante ese periodo, se desarrollarán diligencias destinadas a esclarecer la totalidad de los hechos, profundizar el origen y destino de las sustancias y del dinero incautado, y determinar eventuales responsabilidades adicionales. Con ese horizonte, el caso seguirá avanzando en sede judicial mientras Fiscalía y PDI realizan las actuaciones necesarias para completar el cuadro investigativo.
