Senadores proponen delito para castigar uso de menores en crimen organizado

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Resumen generado automáticamente con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por Mirada Sur.

Un proyecto busca sancionar el reclutamiento de menores por redes delictuales.

La iniciativa, presentada por Paulina Núñez junto a Pedro Araya y Paulina Vodanovic, crea un delito específico y endurece penas cuando las víctimas tienen menos de 14 años o median violencia e intimidación. También refuerza herramientas investigativas y habilita el comiso de bienes para golpear las finanzas de las bandas.

Un grupo transversal de senadores ingresó un proyecto de ley que propone crear un delito específico para castigar a quienes recluten, incorporen o utilicen a niños, niñas y adolescentes en actividades ligadas al crimen organizado, con el objetivo de perseguir no solo la captación, sino también el soporte operativo y financiero que facilita la participación de menores en estas estructuras.

La iniciativa fue presentada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a los senadores Pedro Araya y Paulina Vodanovic. Según lo planteado en el texto ingresado, la propuesta apunta a responsabilizar penalmente a quienes incorporen a menores en redes delictuales, pero también a quienes financien, coordinen o faciliten su participación dentro de organizaciones criminales.

El proyecto se enfoca en conductas que, de acuerdo con la exposición de sus impulsores, forman parte del funcionamiento cotidiano de las bandas: desde la captación y el control de menores hasta su utilización en tareas específicas. En ese sentido, el articulado busca cubrir distintos niveles de intervención, de modo que la persecución penal no recaiga únicamente en quien “recluta” de manera directa, sino también en quienes sostienen la operación que termina exponiendo a niños, niñas y adolescentes a dinámicas criminales.

Penas más altas cuando hay violencia o víctimas menores de 14 años

Uno de los ejes de la propuesta es establecer sanciones más altas en escenarios considerados de mayor gravedad. El texto contempla un aumento de penas cuando las víctimas tengan menos de 14 años, cuando exista violencia o intimidación, o cuando los menores sean utilizados para desempeñar funciones vinculadas a organizaciones criminales.

Entre esas tareas, el proyecto menciona el uso de niños, niñas y adolescentes para portar armas, trasladar drogas, vigilar, ocultar elementos ilícitos, cobrar extorsiones u otras acciones asociadas al quehacer de estas redes. La lógica, según se desprende de la iniciativa, es tipificar con claridad el rol instrumental que pueden adquirir los menores dentro de organizaciones criminales y, al mismo tiempo, aumentar la respuesta penal cuando la conducta los expone a mayores riesgos o implica una afectación más severa de su integridad.

Con esa formulación, la actividad sancionada no queda restringida a un único tipo de delito base, sino al vínculo entre la incorporación de menores y el engranaje del crimen organizado. El objetivo declarado es que el sistema penal cuente con una herramienta específica que permita perseguir con mayor eficacia este tipo de utilización de menores, que suele estar asociada a mecanismos de control, amenazas y tareas de alto riesgo.

Herramientas investigativas y comiso para afectar el patrimonio de las bandas

Además de la creación del delito, la iniciativa incluye medidas orientadas a fortalecer la investigación de estas conductas. En particular, el proyecto busca reforzar las herramientas investigativas disponibles para perseguir a quienes incorporen o utilicen a niños, niñas y adolescentes en actividades del crimen organizado.

Junto con ello, la propuesta abre la puerta a aplicar el comiso de bienes obtenidos a través de estas actividades, como una forma de afectar económicamente a las bandas delictuales. El enfoque patrimonial, según se plantea, apunta a golpear las ganancias derivadas de la estructura criminal, entendiendo que el financiamiento y el beneficio económico son parte central de su funcionamiento.

La tramitación legislativa comenzará con la revisión del proyecto en las comisiones de Seguridad Pública y Constitución del Senado. De acuerdo con lo anunciado, se espera que el debate avance durante las próximas semanas, instancia en la que se discutirán los alcances del nuevo tipo penal, las agravantes previstas —como la edad de la víctima o la presencia de violencia— y las herramientas de persecución y comiso consideradas en la propuesta.

La iniciativa se instala así como un intento por endurecer la respuesta penal frente al reclutamiento de menores por redes delictuales, ampliando la responsabilidad a quienes, sin captar directamente, cumplan roles de coordinación, financiamiento o facilitación dentro de la organización criminal.