Una disputa territorial en el sector Ilihue, en la comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos, escaló en tribunales y volvió a instalar el riesgo de desalojo para cerca de 50 familias, luego de que el Juzgado de Letras de Río Bueno acogiera una medida prejudicial presentada por la empresa Agrícola y Forestal Ilihue SpA.
La acción judicial, tramitada bajo el Rol C-53-2026, busca que un grupo indeterminado de ocupantes comparezca ante el tribunal para exhibir títulos de dominio, contratos u otro documento que justifique su permanencia en un inmueble identificado como “saldo o resto del remanente de la Hijuela Número Cinco, Lote A”. El objetivo es establecer, con respaldo documental, la situación jurídica de quienes habitan el lugar.
De acuerdo con los antecedentes del proceso, el conflicto se origina en un juicio de partición civil que permitió a la empresa adquirir los terrenos en disputa. Desde la organización vecinal, sin embargo, sostienen que la firma estaría intentando extender su dominio más allá de lo que correspondería, lo que —según plantean— afectaría directamente la posesión material continua de familias con larga residencia en el área.
La tensión se mantiene alta porque, junto con el avance de la medida prejudicial, ya existen decretos de desalojo vigentes. En ese escenario, se fijó como plazo definitivo el próximo 30 de septiembre para una de las familias afectadas, fecha que la comunidad observa como un hito crítico dentro del conflicto.
Notificación por avisos y comparecencias ante el tribunal
El tribunal ordenó la notificación por avisos en prensa debido al número de personas requeridas en la diligencia. Con ello se busca dar inicio formal a las audiencias y a la obligación de comparecer en el marco de la medida prejudicial, un punto clave para el avance del caso.
En la práctica, la resolución judicial instala un escenario en el que los residentes deberán acreditar su situación con documentos, en una controversia que mezcla antecedentes de propiedad derivados de la compra en un juicio de partición con la realidad de ocupación y arraigo que defienden quienes viven en Ilihue.
Para la comunidad, el desalojo Ilihue Lago Ranco no se trata solo de un debate sobre escrituras, sino de la continuidad de hogares levantados y mantenidos por décadas. Los dirigentes afirman que hay familias que han permanecido por más de 30 años en la zona y que esa historia de ocupación constituye un elemento central en su defensa.
Gestiones ante Bienes Nacionales y Justicia
La representación comunitaria está encabezada por el dirigente Jorge Puchal Medina, quien, junto a vecinos del sector, ha coordinado acciones para enfrentar el proceso. En esas gestiones también participa, como asesora, la exalcaldesa Sarita Jaramillo, según informó la propia comunidad.
En paralelo al avance judicial, los vecinos han impulsado coordinaciones ante las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales y Justicia, con el propósito de buscar apoyos y orientación en un conflicto que, advierten, podría afectar de manera masiva a familias asentadas históricamente en Ilihue.
Mientras el Juzgado de Letras de Río Bueno continúa con la tramitación bajo el Rol C-53-2026, el caso se mantiene abierto y con plazos en curso, en un escenario donde la comunidad se prepara para comparecer y reunir antecedentes que respalden su permanencia. En Lago Ranco, la preocupación se concentra en el cumplimiento de los decretos vigentes y en el desenlace de las próximas diligencias que definirán el futuro inmediato de las familias involucradas.
