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Una revisión de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que 14 funcionarios de la Municipalidad de Osorno realizaron apuestas en casinos pese a tener una prohibición legal para hacerlo, acumulando transacciones por más de $292 millones entre enero de 2024 y junio de 2025. El hallazgo abre un flanco sensible para la administración local: funcionarios con roles ligados a recursos públicos aparecen vinculados a operaciones en juegos de azar, lo que puede derivar en sumarios y eventuales acciones judiciales.
El antecedente quedó consignado en la circular N° 20 del organismo fiscalizador, que a nivel país identificó a 910 funcionarios públicos y municipales —pertenecientes a 371 entidades del Estado— que efectuaron operaciones en casinos por un monto total superior a $11 mil millones, pese a estar impedidos por ley. La cifra dimensiona la magnitud del fenómeno y anticipa una fase de definiciones administrativas en varios servicios y municipios.
En el caso de Osorno, la Contraloría situó a los involucrados dentro de la restricción establecida en el artículo 10, letra b, de la Ley 19.995, norma que prohíbe apostar a quienes administran o custodian fondos públicos. Se trata de una regla orientada a resguardar probidad y confianza en la gestión del dinero fiscal, especialmente en funciones donde se manejan pagos, recaudaciones, custodias o administración de recursos.
La situación también instala impactos directos en el ámbito comunal: además de las eventuales responsabilidades individuales, el municipio podría enfrentar presión para reforzar controles internos, actualizar protocolos de probidad y transparentar cómo se aplicarán las medidas disciplinarias. En términos ciudadanos, el foco está en la integridad de quienes cumplen labores vinculadas a fondos municipales y en la señal que se entrega sobre el estándar de conducta exigible en el sector público.
Cómo se detectaron las transacciones
El informe de la CGR se elaboró a partir del cruce de datos entre el registro de funcionarios obligados a rendir caución —por su rol en el manejo de recursos públicos— y la información de clientes que realizaron transacciones en casinos, proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego. Este método permitió identificar a personas que, por su condición funcionaria, están alcanzadas por una prohibición legal específica, y que aun así habrían realizado operaciones asociadas a juegos de azar.
El trabajo de cruce de bases entrega un elemento clave: no se trata de una revisión aleatoria, sino de una comparación dirigida a quienes, por definición, ocupan cargos en que se exige resguardar dineros o bienes públicos. En la práctica, la caución opera como un mecanismo de garantía frente a riesgos en la administración de recursos, y la ley de casinos establece restricciones para evitar conflictos de interés y proteger la probidad.
Medidas y derivaciones del caso
Tras levantar los antecedentes, la Contraloría anunció que remitirá los casos a los servicios públicos y municipalidades involucradas para que inicien procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas. Esto abre la puerta a investigaciones internas, formulación de cargos y sanciones que dependen de la gravedad de los hechos establecidos en cada expediente, además de la normativa aplicable a cada institución.
En paralelo, el organismo fiscalizador informó que enviará los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que evalúen posibles acciones dentro del ámbito de sus atribuciones. La ejecución de estas gestiones marca un escalamiento del proceso: además del plano administrativo, se activa la revisión de eventuales responsabilidades bajo otros marcos legales, según lo que determinen las instituciones competentes.
En Osorno, el alcalde de Osorno, Jaime Bertin, señaló a Radio Bío Bío que el municipio revisará los antecedentes a través de su equipo jurídico, con el objetivo de adoptar las medidas correspondientes. En ese marco, el municipio queda enfrentado a un ciclo de definición institucional que, además del cumplimiento normativo, deberá considerar la señal de control interno y probidad que se entregue a la comunidad.
La Contraloría, en tanto, informó que continuará ejerciendo sus facultades de investigación y sanción. Con los antecedentes ya identificados y derivaciones en curso, los próximos pasos estarán marcados por el desarrollo de sumarios en los organismos involucrados y por las decisiones que adopten el Ministerio Público y el CDE en sus respectivas competencias, en un caso que pone el foco en los estándares de probidad en la administración pública local y nacional.
