El Plan de Reconstrucción de Kast sube los impuestos a las pymes mientras baja los de las grandes empresas

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Resumen generado automáticamente con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por Mirada Sur.

El Plan de Reconstrucción presentado en cadena nacional por el gobierno contiene una trampa tributaria para las pymes: su impuesto sube del 12,5% al 15% en 2028, sin garantía de permanencia posterior. Las grandes empresas, en cambio, tienen una trayectoria clara y permanente de baja desde hoy hasta 2029. Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, calificó la situación de "baldazo de agua fría" y advirtió que el proyecto es políticamente "poco sostenible".

José Antonio Kast presentó su Plan de Reconstrucción Nacional como una buena noticia para las pymes chilenas. «Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja», dijo en cadena nacional el miércoles 15 de abril. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue más lejos: afirmó que la tasa efectiva de las pequeñas y medianas empresas bajaría en la práctica del 12,5% al 7,8%, gracias a un crédito tributario por pago de remuneraciones. El problema es que esos números no cuentan la historia completa.

El «baldazo de agua fría» que Kast no mencionó

El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, advirtió que la eliminación del carácter permanente de la tasa reducida para pymes generó un quiebre de expectativas en el sector. La frase que resume su diagnóstico no deja espacio a la ambigüedad: «Cuando tú presentas un proyecto donde a las pymes se les sube los impuestos y a las grandes empresas se los baja, es poco sostenible políticamente», declaró en entrevista con CNN Chile Radio.

Swett fue más directo aún sobre el fondo del problema: «Para reactivar la economía, el ministro sabe que necesita activar a las grandes empresas, pero políticamente es bastante poco técnico que se suba el impuesto a las pymes para financiar la rebaja a las grandes».

La crítica no viene de la oposición política. Viene del presidente del principal gremio que representa a las pequeñas y medianas empresas del país, que en principio debería ser el aliado natural de un gobierno que se presentó ante la ciudadanía como el defensor del emprendimiento.

Lo que dice la letra chica

Para las pymes, el proyecto mantiene el régimen de reducción transitoria con tasas de 12,5% en 2026 y 2027, y 15% en 2028, sujeto al cumplimiento de requisitos específicos. Después de 2028, el proyecto no garantiza permanencia en ninguna tasa preferencial. Si no se legisla para hacer permanente esa rebaja, las pequeñas y medianas empresas volverán a tributar al 25%.

El contraste con el tratamiento para las grandes empresas es difícil de ignorar. La tasa del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas se mantiene en 27% durante 2026, baja a 25,5% en 2027, a 24% en 2028, y alcanza el 23% en 2029. Trayectoria clara, gradual y permanente hacia una menor carga. Para las pymes, en cambio, la trayectoria sube en 2028 y luego queda en el aire.

La reintegración total del sistema tributario, otro de los anuncios centrales de la cadena, no se completa sino hasta el período tributario 2031, seis años después del inicio del gobierno y ya con un próximo mandatario en La Moneda.

La oposición política tampoco apoyará

La crítica al trato diferenciado entre grandes y pequeñas empresas no es solo del mundo gremial. El diputado socialista Nelson Venegas cuestionó que en el proyecto a las pymes se les ofrecen créditos, mientras a las grandes empresas se les ofrece una rebaja e invariabilidad tributaria que dejará amarrados a los gobiernos por mucho tiempo.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, fue categórica: el FA no apoyará la tramitación del proyecto. Lo calificó como una reforma tributaria encubierta que baja los impuestos a los más ricos mientras el país se aprieta el cinturón. El senador de la Democracia Cristiana Iván Flores apuntó al trato dispar entre grandes y pequeñas empresas como el núcleo del problema, señalando que el anuncio dejó más dudas e incertidumbre que las que había antes de la cadena.

Un grupo de diputados del PC, PS y FA fue más lejos: ofició al ministro de Hacienda para que transparente los posibles beneficios que las empresas del propio Kast y sus secretarios de Estado obtendrían con la rebaja de impuestos corporativos.

El gobierno defiende, pero sin convencer

Quiroz insiste en que la reforma no favorece a los ricos. Según el ministro, unas 150.000 empresas se beneficiarían de la rebaja del impuesto corporativo. Sin embargo, ese argumento no responde la pregunta central que plantea Swett: si el objetivo es reactivar la economía desde abajo, ¿por qué el alivio permanente va hacia arriba y el transitorio —con alza incluida— hacia abajo?

Swett señaló que el debate legislativo será clave para ajustar el proyecto, indicando que existe espacio para reponer el beneficio tributario permanente para las pymes durante la tramitación en el Congreso. Es, en otras palabras, una invitación explícita a corregir el texto antes de que sea aprobado.

El gobierno necesita que el proyecto pase antes de septiembre para presentar el presupuesto anual con la nueva estructura tributaria vigente. Para lograrlo, necesita votos que hoy no tiene asegurados, y ahora tampoco tiene el respaldo irrestricto del sector que debería ser su principal vitrina de legitimidad: las propias pymes.

El contexto: un gobierno que ya encareció la vida

El Plan de Reconstrucción llega en un momento en que la credibilidad económica del gobierno está bajo presión. Desde antes de asumir el poder, Kast hizo un ajuste drástico en un fondo para amortiguar la volatilidad de los combustibles, lo que disparó sus precios hasta en un 60%, convirtiendo la situación económica en la principal preocupación de los chilenos, desplazando incluso al avance de la delincuencia.

En ese escenario, presentar un plan cuyo beneficio más concreto para las pymes es un crédito tributario acotado —mientras su tasa de impuesto sube en 2028— es una apuesta política arriesgada. El gobierno necesita que el proyecto pase antes de septiembre para presentar el presupuesto anual con la nueva estructura tributaria vigente. Para lograrlo, necesita votos que hoy no tiene asegurados.