Tras 14 horas ininterrumpidas de votaciones y una sesión que se extendió hasta las 5:00 de la madrugada del jueves en Valparaíso, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. La iniciativa —conocida popularmente como «megarreforma»— avanzó con su núcleo tributario casi intacto, pero dejó atrás artículos que habían generado resistencia incluso al interior de la derecha: la norma sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual, la derogación de la franquicia tributaria del Sence y modificaciones a las normas de probidad en obras públicas, entre otros. El resultado fue, en palabras del propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, «un muy buen punto de partida», aunque los datos de las votaciones cuentan una historia más matizada.
La aprobación en general: victoria solo con votos propios
El proceso comenzó con la aprobación en general de la megarreforma el 7 de mayo, cuando la iniciativa contó con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención del PDG. Los votos a favor fueron de Agustín Romero (REP), José Carlos Meza (REP), Felipe Ross (REP), Eduardo Durán (RN), Diego Schalper (RN), Jaime Coloma (UDI), Flor Weisse (UDI) y Pier Karlezi (PNL), mientras que Boris Barrera (PC), Carlos Bianchi (Ind.), Jorge Brito (FA) y Priscilla Castillo (DC) votaron en contra. La oposición —incluyendo sectores del Partido Comunista y el Frente Amplio— cuestionó desde el inicio la decisión de unir en un solo proyecto una reforma tributaria con un plan de reconstrucción para emergencias, argumentando que ambas materias merecían tramitaciones separadas.
La comisión tiene 13 miembros, de los cuales ocho representan al oficialismo, lo que le garantizó al gobierno una mayoría estructural para controlar el ritmo y el resultado de las votaciones en esta instancia. Esa ventaja fue determinante: el gobierno, con ayuda del presidente de la comisión, el republicano Agustín Romero, que aceleró la discusión, logró que el llamado «corazón tributario» de la megarreforma avanzara sin cambios sustantivos en esta instancia.
El corazón tributario que sí pasó
La principal medida aprobada fue la rebaja del impuesto de primera categoría —el tributo que pagan las empresas sobre sus utilidades— desde el 27% al 23%. La reducción será gradual para las grandes empresas en tres años: en 2027 la tasa pasará al 25,5% (Operación Renta 2028); en 2028 a 24% (Operación Renta 2029); y en 2029, a 23% (Operación Renta 2030).
Además de la rebaja corporativa, se aprobaron las facilidades de pago y condonación de intereses y multas para personas naturales y pymes con deudas tributarias vencidas hasta diciembre de 2025, una ventana de 12 meses para repatriar capitales con impuesto único de 10% —o de 7% si esos activos permanecen en el país por cinco años— y la fiscalización al contrabando de tabaco. También se visó un estatuto de invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones nacionales y extranjeras superiores a 50 millones de dólares en sectores como minería, energía, infraestructura y telecomunicaciones, aunque este punto podría ser revisado durante la tramitación en el Senado.
En el ámbito social, la comisión aprobó la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años sobre su vivienda principal, con aplicación a un solo inmueble por persona en todo el territorio nacional.
Lo que cayó: IA, Sence y probidad
El episodio más relevante de la sesión fue el rechazo del artículo 8, que buscaba modificar la Ley de Propiedad Intelectual para permitir que sistemas de inteligencia artificial utilizaran, reprodujeran y se entrenaran con obras protegidas —textos, música e imágenes— sin requerir autorización previa ni pago de remuneración a sus autores. La propuesta fue duramente cuestionada por organizaciones como la SCD, Anatel y la Asociación Nacional de Prensa, que acusaron un riesgo para la industria creativa y los medios de comunicación.
La iniciativa tuvo reparos incluso al interior del oficialismo, con rechazos desde RN por parte del diputado Diego Schalper y Jorge Durán, además de la gremialista Flor Weisse (UDI). Desde el PDG, el diputado Juan Marcelo Valenzuela se abstuvo. El empate resultante derivó automáticamente en rechazo. En el detalle, el texto fue aprobado por seis votos, rechazado por seis y hubo una abstención del diputado del PDG Juan Marcelo Valenzuela. Los votos en contra fueron de la oposición: Boris Barrera (PC), Jorge Brito (FA), Carlos Bianchi (PPD) y la DC Priscila Castillo.
El resultado representó un golpe político para el Ejecutivo, considerando que la norma era promovida activamente desde sectores ligados al desarrollo tecnológico y al Ministerio de Ciencia. Ahora será el gobierno quien deberá decidir si insiste en reponer el artículo durante la discusión en la Sala de la Cámara de Diputados o si opta por reformular la propuesta durante el futuro trámite legislativo en el Senado.
También quedaron fuera el artículo 26, que derogaba la franquicia tributaria del Sence —mecanismo de capacitación laboral que el Ejecutivo buscaba eliminar para aumentar recaudación— y el artículo 27, que modificaba el uso de esa misma franquicia para financiar la certificación de competencias laborales. En ambos casos, los votos de Renovación Nacional fueron determinantes para el rechazo. El artículo 4 sobre compras públicas, que restringía la contratación de familiares de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas en concesiones, también fue eliminado.
Tensión política dentro y fuera de la sala
La madrugada no estuvo exenta de incidentes. El ministro Quiroz protagonizó el momento más álgido al calificar como «frases derechamente ignorantes de ciertas realidades económicas básicas» las intervenciones de algunos diputados durante el debate, lo que desató un cruce de recriminaciones. La conducción del diputado Agustín Romero fue tachada de «servil al Gobierno» por parlamentarios opositores, en particular por el diputado del PPD Carlos Bianchi.
Si bien las primeras horas de la noche trajeron ánimos caldeados, el avance de la madrugada abrió a la oposición a permitir una tramitación más expedita. La sesión terminó con el proyecto despachado hacia la Comisión de Medio Ambiente, que tomó la posta el mismo jueves desde las 15:00 horas, presidida por el diputado Guillermo Ramírez (UDI).
¿Qué viene ahora?
Se estima que martes y miércoles de la próxima semana el proyecto estará en la Sala de la Cámara de Diputados, justo antes del receso de la semana distrital, para que en la cuenta pública del 1 de junio el presidente Kast pueda informar que su proyecto ya cumplió su primer trámite. Sin embargo, no se trata de su despacho total: aún faltará su paso por el Senado, tras lo cual deberá, muy probablemente, regresar a la Cámara de Diputados.
Para las regiones de Los Lagos y Los Ríos, los efectos concretos de la reforma dependerán en gran medida de las materias que sobrevivan la tramitación en el Senado. La rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria por 25 años son medidas que apuntan a estimular la inversión a escala nacional, pero cuya incidencia territorial directa en el sur del país —incluyendo sectores como acuicultura, silvoagropecuario y turismo— quedará definida en el reglamento y las instancias técnicas posteriores. La discusión que viene no es menor: las negociaciones con la DC y el PDG están abiertas, y el gobierno sabe que la mayoría que tiene en comisiones no necesariamente se replica en la Sala.
