Chile lleva 38 meses consecutivos con una tasa de desocupación igual o superior al 8%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El último trimestre móvil disponible, febrero-abril de 2026, marcó 9,1%, la cifra más alta desde el período de salida de la pandemia, en 2021. El impacto no es homogéneo: las mujeres llegaron al 10,5% y los jóvenes al 22,8%, de acuerdo con cifras citadas por el propio ministro del Trabajo, Tomás Rau. En ese contexto, el gobierno declaró estar «en modo pro empleo» y activó una batería de medidas de adaptabilidad laboral que, según el Ejecutivo, buscan crear empleo formal y reducir la informalidad. La discusión de fondo que abre el paquete completo —y que el mundo sindical y parte de la oposición parlamentaria pusieron sobre la mesa— es otra: si las medidas crean empleo protegido o simplemente reubican en el trabajador los costos e incertidumbres que hoy asume quien contrata.
Medida 1: contratos por hora
La primera señal concreta del paquete fue la reactivación de un proyecto de ley que llevaba paralizado casi ocho años en el Congreso. Presentado en julio de 2018 por los entonces senadores Andrés Allamand, Rodrigo Galilea, Rafael Prohens y Kenneth Pugh, el gobierno del Presidente Kast le otorgó urgencia simple el 9 de junio de 2026, lo que permitió que la Comisión de Trabajo del Senado iniciara su análisis.
La propuesta permite que empleadores y trabajadores acuerden contratos por una cantidad específica de horas, con un tope de 30 horas semanales y 120 mensuales. El empleador debe avisar al trabajador con no menos de 24 horas de anticipación. Si no utiliza las horas pactadas, el trabajador recibiría al menos el 75% del pago correspondiente. El ministro Rau defendió la iniciativa apuntando al sector gastronómico: la idea, dijo, es dar «institucionalidad» a relaciones laborales que hoy se resuelven con «arreglos informales», especialmente en actividades donde la demanda no es constante.
El argumento tiene una fisura técnica relevante. El Código del Trabajo ya contempla el contrato a plazo fijo —que puede extenderse hasta un año— y el contrato por obra o faena, ambos diseñados para empleo estacional o de demanda fluctuante. La diferencia estructural entre esos instrumentos y el nuevo contrato por hora es que bajo el plazo fijo el empleador asume el riesgo de la variación de demanda —si pactó tres meses, paga tres meses—, mientras que bajo el contrato por hora ese riesgo se invierte: el trabajador queda disponible «por llamado», sin certeza de cuántas horas se le convocarán ni de cuánto recibirá a fin de mes. La salvaguarda del 75% solo opera si el trabajador puede exigirla, y quien acepta un empleo por horas en un mercado con 9,1% de desocupación rara vez está en posición de reclamar.
La CUT calificó la medida derechamente de «precarización». El diputado Luis Cuello (PC) fue más directo: comparó la modalidad con el sistema de «pago con fichas» de las salitreras del siglo pasado. El senador Gastón Saavedra (PS), integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, señaló que la iniciativa «atenta contra la jornada de trabajo, contra la estabilidad en el empleo y precariza las relaciones laborales», y agregó que quienes trabajen bajo esta modalidad «tendrán menos ahorro para la jubilación». La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, en cambio, respaldó de inmediato la medida e integró los contratos por hora a un plan más amplio que también incluye cambios al sistema de indemnizaciones y la anualización de la jornada.
Medida 2: anualización de las 40 horas
La ley de reducción de jornada —aprobada en 2023 y que tiene un cronograma gradual— redujo la semana laboral de 44 a 42 horas en abril de 2026, con el escalón final de 40 horas proyectado para 2028. El gobierno de Kast no ha propuesto derogarla formalmente, pero sí ha anunciado modificar la forma en que se mide ese promedio.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó al Diario Financiero que el gobierno presentará iniciativas de «adaptabilidad laboral» que permitan medir las 40 horas en promedio anual, en lugar de la medición semanal actual. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó el 23 de junio que «ya están trabajando en ello». La senadora Claudia Pascual (PC) describió la dirección del cambio con precisión: «quiere echar pie atrás a condiciones laborales» y equivale a «restaurar el Estado de fines de los años 80».
En términos concretos, la anualización permite que una empresa concentre jornadas extensas —de hasta 45 o más horas semanales— en los meses de mayor demanda, compensándolas con semanas cortas en temporada baja. El trabajador mantiene formalmente el promedio de 40 horas anuales, pero pierde la predictibilidad semanal de su jornada. Para sectores del sur del país con alta estacionalidad —turismo en el Lago Llanquihue y Chiloé, gastronomía en Puerto Varas, cosecha agrícola en Osorno— el impacto potencial sobre la planificación de ingresos familiares es significativo.
Medida 3: indemnización a todo evento
Durante la campaña presidencial, en abril de 2025, Kast planteó crear un sistema alternativo al actual, en el que la indemnización se acumularía desde el primer día de trabajo en una cuenta individual del trabajador, retirable en cualquier momento de término de contrato, incluyendo la renuncia voluntaria. «Si yo dejo el trabajo, tengo mi ahorro y me lo llevo libremente, no tengo que esperar a que me apliquen una causal de despido para poder acceder a eso», sostuvo el entonces candidato.
Hoy, el biministro de Economía, Daniel Mas, admitió que la medida «está en discusión» y que el gobierno aún está «pensando cómo implementarlo». La prioridad inmediata del Ejecutivo, dijo, es la sala cuna universal.
El debate técnico sobre este punto es el más matizado. Una encuesta de la Cátedra Carlos Vial Espantoso de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, publicada en junio de 2026, reveló que tanto gerencias de personas como dirigentes sindicales muestran apertura a revisar el sistema actual. El 71% de los dirigentes sindicales consultados considera que el nuevo esquema tendría un efecto positivo en la protección económica del trabajador al término del contrato, y un 54,7% valora la posibilidad de acceder a los fondos acumulados en caso de renuncia voluntaria. Sin embargo, el 31,5% de los representantes sindicales advierte que el cambio podría afectar la negociación colectiva. El nudo central no está en el diseño del instrumento, sino en quién financia el fondo: si los aportes provienen del empleador —como en el sistema actual de indemnización— o si la carga se traslada al trabajador mediante descuentos de sueldo, punto que el programa de Kast no resuelve con precisión.
Medida 4: polifuncionalidad y Estatuto Laboral del Turismo
El cuarto eje del paquete es la polifuncionalidad, que permitiría a un empleador asignar a un trabajador funciones distintas a las estipuladas en su contrato sin requerir un acuerdo explícito para cada caso. El Estatuto Laboral del Turismo, anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública, busca adaptar las reglas generales del Código del Trabajo a la realidad de una actividad marcada por la estacionalidad. Para la macrozona sur —donde el turismo en torno al Lago Llanquihue, Chiloé y la cordillera andina de Los Lagos y Los Ríos es uno de los principales motores de empleo formal— este estatuto tendrá incidencia directa. El detalle del articulado, sin embargo, aún no ha sido ingresado al Congreso.
El debate político que viene
El escenario legislativo para estas reformas no es sencillo. La oposición ha logrado articularse en el Congreso para frenar otras iniciativas del gobierno, aunque con fisuras. La senadora Pascual (PC) resumió la posición del bloque opositor: «quiere restaurar el Estado de fines de los años 80» y en materia laboral «no hay una sola medida contra la evasión de impuestos». El diputado Cuello (PC) y el senador Saavedra (PS) concentraron sus críticas en el efecto concreto sobre los ingresos familiares. El biministro Mas respondió que «no hay nada más precario que no tener empleo, no hay nada más precario que tener uno informal», y que las medidas buscan adecuar la legislación «a la realidad del siglo XXI».
El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), valoró que el debate se abra, pero condicionó su respaldo al rigor técnico: «Chile necesita una legislación laboral moderna, que proteja a los trabajadores, pero que también facilite la creación de empleo», sostuvo.
La mesa interministerial de empleo, liderada por el biministro Mas, se comprometió a crear 50 mil puestos de trabajo en cuatro meses, como parte de una meta más amplia de 300 mil empleos formales al término del mandato. Si ese número se alcanzará con empleos de jornada completa y protección plena, o con contratos por hora de ingreso variable, es la pregunta que el paquete legislativo completo todavía no responde.
