Una mesa de trabajo técnico-jurídica de carácter urgente quedó conformada en la Provincia de Osorno para coordinar acciones legales frente a los riesgos socioambientales asociados a la planta de biogás Los Laureles, emplazada en el sector de Pichil, en la Ruta U-55. La instancia reunió a comunidad organizada, parlamentarios, consejeros regionales y autoridades municipales, con el foco puesto en cuestionamientos a la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la cercanía del proyecto con cursos de agua y la seguridad operativa de una iniciativa de 3 MW.
En el encuentro participaron la diputada Emilia Nuyado y la diputada Paulina Muñoz, además de representantes de los parlamentarios Fidel Espinoza, Daniel Lilayu y Héctor Barría. También asistieron el alcalde de Osorno, Jaime Bertín; los concejales Miguel Arredondo y Juan Carlos Velásquez; y el consejero regional Carlos Schwalm. Por parte de la comunidad, los dirigentes Abraham Castañeda y Román Soto expusieron las preocupaciones levantadas por vecinos del entorno de la Ruta U-55.
Según lo planteado por los dirigentes, la controversia se intensificó tras la aprobación de la RCA por parte de carteras técnicas del nivel ejecutivo, decisión que calificaron como un “quiebre de gobernanza”, al contradecir el rechazo mayoritario expresado por el Consejo Regional. En esa misma línea, se sostuvo que el proceso de evaluación ambiental no recogió adecuadamente las observaciones del territorio, asunto que se transformó en uno de los ejes del trabajo técnico y jurídico que se acordó impulsar.
En el plano técnico, durante la sesión expuso el ingeniero civil electrónico y doctor en ciencias naturales, Luis Salinas Carrasco, quien detalló vulnerabilidades operacionales del proyecto. De acuerdo con su presentación, existirían riesgos asociados a la acumulación de metano y, con ello, peligros de explosión, además de la presencia de ácido sulfhídrico entre los compuestos que podrían generar afectaciones. Estas alertas fueron incorporadas como parte de los antecedentes que la mesa revisará para definir cursos de acción.
Cuestionamientos a la evaluación ambiental y la participación ciudadana
En la reunión se denunció que la empresa a cargo del proyecto habría eludido la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, optando por una Declaración de Impacto Ambiental sustentada en simulaciones matemáticas. Según lo expuesto, esas modelaciones habrían omitido la presencia de asentamientos humanos en Pichil, lo que, a juicio de los participantes, impidió la ejecución de mecanismos de consulta ciudadana e indígena considerados obligatorios.
La preocupación principal, planteada por la comunidad y respaldada en la discusión con autoridades, se relacionó con la cercanía de las instalaciones con el Estero Pichil. Se advirtió que eventuales derrames de lixiviados o metales pesados podrían contaminar la cuenca del Río Rahue, identificada por los asistentes como la principal fuente de agua potable para la provincia. En ese contexto, el debate por la planta biogás Osorno quedó marcado por la inquietud sobre impactos aguas abajo y la capacidad de control y respuesta ante incidentes.
Otro punto abordado fue la compatibilidad territorial del emplazamiento. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, enfatizó que la ubicación del proyecto colisiona con el nuevo Plan Regulador Municipal, que proyecta a Pichil y Cancura como zonas residenciales en expansión. En función de ello, comprometió respaldo técnico de la casa edilicia para la tramitación de un recurso de casación ante la Corte Suprema, como parte de las alternativas que se analizarán en la mesa.
Vialidad confirma financiamiento para conservar 15 kilómetros de la Ruta U-55
En paralelo a la coordinación por la planta, las autoridades presentes informaron avances en materia de conectividad vial para el mismo eje territorial. El director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla, junto al jefe provincial, Juan Valenzuela, confirmaron el financiamiento para la conservación de la Ruta U-55.
El proyecto considera el recambio completo de la carpeta de asfalto en una extensión de 15 kilómetros. De acuerdo con lo informado, el proceso de licitación pública se iniciará de forma inminente y las obras viales se ejecutarían en un plazo estimado de 6 meses.
La iniciativa incorporará, además, presupuestos complementarios de mitigación en cruces identificados como puntos relevantes para la seguridad y operación de la ruta: Tacamo, La Estrella y el cruce Pichil-Pichidamas. La confirmación del financiamiento fue presentada como un avance en una vía que concentra desplazamientos cotidianos, y que también es clave por la concentración de actividades productivas y residenciales en su entorno.
La mesa técnico-jurídica quedó mandatada a consolidar antecedentes y coordinar la presentación de acciones en las instancias correspondientes, mientras las autoridades municipales comprometieron apoyo técnico para sostener los reclamos vinculados al proceso ambiental. En Osorno, el escenario inmediato combina la discusión por la planta de biogás Los Laureles en Pichil con el inicio de un plan de conservación vial en la Ruta U-55, ambos asuntos con implicancias directas para la comunidad del sector.
