Condenan a tres acusados por violento robo y retención en Puerto Montt

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Resumen generado automáticamente con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por Mirada Sur.

El Tribunal Oral de Puerto Montt dictó veredicto condenatorio por un ataque contra un estudiante universitario.

La Fiscalía sostuvo que la víctima fue retenida por horas, golpeada y trasladada contra su voluntad hasta Chinquihue. El caso quedó recalificado como robo con violencia Puerto Montt y la sentencia se conocerá el 20 de julio.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt dictó un veredicto condenatorio contra tres acusados chilenos por el delito de robo con violencia calificado, por hechos ocurridos el 15 de abril de 2024 en la capital regional, donde la víctima fue un estudiante de Ingeniería de la Universidad Duoc UC que, según la acusación, fue abordado en plena vía pública, retenido por varias horas y agredido durante el recorrido.

La confirmación de la decisión judicial fue entregada por la fiscal de la Fiscalía de Puerto Montt, Pamela Salgado, quien sostuvo que el ataque se inició alrededor del mediodía en calle Egaña. De acuerdo con lo expuesto en el juicio, los acusados interceptaron al joven y lo subieron contra su voluntad a un vehículo.

Según el relato presentado por el Ministerio Público, la retención se extendió por varias horas. Durante ese lapso, la víctima fue sometida a golpes con un arma cortopunzante y con un elemento contundente. La fiscalía expuso que el estudiante fue trasladado maniatado en el portamaletas del automóvil, mientras se desarrollaban las agresiones.

La dinámica delictual, de acuerdo con la investigación, incluyó el traslado del joven hacia un inmueble y luego hasta un camping ubicado en el sector de Chinquihue, en la comuna de Puerto Montt. En ese lugar, siempre según la imputación fiscal que el tribunal dio por acreditada, continuaron las agresiones y vejámenes.

El tribunal cambió la calificación jurídica de los hechos

En el juicio, el Ministerio Público había presentado originalmente una acusación por los delitos de secuestro y robo con violencia. La fiscalía sostuvo que el objetivo era sustraer pertenencias y obtener las claves de las tarjetas bancarias de la víctima.

Pese a que el tribunal tuvo por probados los hechos contenidos en la acusación fiscal, los magistrados optaron por variar la calificación jurídica, encuadrando lo ocurrido en la figura penal de robo con violencia calificado. La fiscal Pamela Salgado señaló que la penalidad asociada a esa figura se ajusta a lo solicitado por la fiscalía, por lo que mantuvieron la petición de presidio planteada para los involucrados.

En esa línea, desde el Ministerio Público se explicó que, para el delito principal por el cual fueron condenados los tres acusados, la fiscalía solicitó una pena de 20 años de privación de libertad para cada uno.

Fiscalía pidió sumar penas por Ley de Drogas y Ley de Armas

Además del robo con violencia calificado, la fiscalía atribuyó cargos adicionales a uno de los acusados. En específico, se expuso un delito de porte ilegal de precursores, por mantener elementos prohibidos por la Ley 20.000, descritos como insumos utilizados habitualmente para la amplificación de sustancias estupefacientes.

A ese mismo acusado se le imputó, asimismo, el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, a partir de la incautación de un arma señalada como de características adaptables. Por estos ilícitos vinculados a la Ley de Drogas y la Ley de Armas, el Ministerio Público solicitó una sanción adicional de 10 años de privación de libertad, que se sumaría a los 20 años requeridos por el robo.

Con ese cálculo, la Fiscalía de Puerto Montt comunicó que el total de penas solicitadas para el grupo asciende a 70 años de presidio efectivo.

El tribunal programó la audiencia de lectura de la sentencia definitiva para el próximo 20 de julio, a las 20:00 horas, instancia en la que se conocerán las penas exactas que deberán cumplir los tres condenados por el caso de robo con violencia Puerto Montt.

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.