La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el artículo 9 bis del proyecto de Reconstrucción Nacional, que establece la Sala Cuna Universal, en una votación que dividió a la sala y desató una confrontación inmediata entre el Legislativo y el Ejecutivo. El resultado —82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones— fue celebrado por la oposición y una parte del oficialismo, pero el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reaccionó anunciando que el Gobierno presentará reserva de constitucionalidad y recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la norma.
Qué aprobó la Cámara y cómo funciona
La indicación, impulsada por el diputado frenteamplista Jorge Brito, elimina el requisito vigente del artículo 203 del Código del Trabajo que obliga únicamente a las empresas con 20 o más trabajadoras mujeres a proveer acceso a sala cuna. Con la nueva norma, el derecho quedaría garantizado para todas las personas trabajadoras —dependientes e independientes— con hijos o hijas menores de dos años, incluyendo a quienes tengan el cuidado personal de un niño o niña por resolución judicial.
El financiamiento operaría a través de un Fondo de Sala Cuna administrado por el Instituto de Previsión Social y el Servicio de Tesorerías, alimentado por una cotización obligatoria equivalente al 0,3% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, más aportes fiscales. Los recursos se pagarían directamente a salas cuna con reconocimiento oficial del Estado, con mecanismos de fiscalización y sanciones ante irregularidades. La implementación sería gradual: durante el primer año regiría para mujeres trabajadoras y personas con cuidado exclusivo de menores de dos años; desde el segundo año se extendería a todos los trabajadores.
Este modelo resuelve una de las principales distorsiones del sistema actual, que ha sido documentada durante años: al cargar la obligación solo sobre empresas con más de 20 mujeres, la normativa vigente desincentiva estructuralmente la contratación femenina, porque el umbral de 20 trabajadoras actúa como un costo marginal que los empleadores evitan cruzar.
El Gobierno acusa invasión de atribuciones y anticipa el TC
El ministro Quiroz presentó reserva de constitucionalidad en la misma sesión, argumentando que la indicación afecta las finanzas públicas y contraviene la potestad exclusiva del Ejecutivo en materia de administración del Estado. «Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas», sostuvo durante la votación.
La posición del Gobierno generó críticas desde dentro del propio bloque oficialista. La diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri acusó al Ejecutivo de anteponer obstáculos institucionales a avances concretos en materia de cuidado y familia: «Una vez más, cuando se trata de avanzar en derechos para las familias y la crianza, el Ejecutivo prefiere poner obstáculos antes que soluciones, pese a declararse pro vida», afirmó.
Respaldo transversal con matices
Jorge Brito celebró el resultado y enmarcó la Sala Cuna Universal como una herramienta de empleo femenino: «Es la mejor política pública de generación de empleo que pone a las niñas y niños y sus madres como eje central». La diputada frenteamplista Gael Yeomans calificó la aprobación como «una luz de esperanza» dentro del proyecto de reconstrucción, y cuestionó el crédito tributario al empleo que el Gobierno incluyó en la iniciativa original, señalando que la Sala Cuna es cinco veces menos costosa.
El Partido de la Gente también respaldó la norma. La subjefa de bancada Tamara Ramírez la calificó de triunfo para la clase media y destacó la eliminación del umbral de las 20 trabajadoras como el cambio de fondo. Sin embargo, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), cuestionó la vía: apoyó el objetivo pero advirtió que la indicación era inadmisible al no ajustarse a la idea matriz del proyecto, y que mezclar la Sala Cuna con la ley de Reconstrucción puede poner en riesgo la aprobación de ambas.
Desde la oposición dura, la diputada republicana Javiera Rodríguez rechazó que se incorporen materias ajenas al espíritu central del proyecto. La diputada del PSC Francesca Muñoz, por su parte, apuntó directamente al gobierno anterior: «La Sala Cuna Universal es una necesidad urgente y el gobierno de Boric no fue capaz de completarla en cuatro años porque nunca logró una fórmula financiera responsable».
La norma aprobada en la Cámara deberá ahora superar el Senado y, presumiblemente, el escrutinio del Tribunal Constitucional si el Ejecutivo formaliza el recurso anunciado por Quiroz. El debate sobre la Sala Cuna Universal lleva más de una década en tramitación en Chile —con proyectos presentados bajo los gobiernos de Piñera y Boric que no lograron concretarse— lo que convierte su aprobación parcial en la Cámara en un hito político significativo, independiente del resultado final en el TC.
