Este 18 de junio, Día Mundial del Orgullo Autista, Chile conmemora tres años desde la promulgación de la Ley 21.545, la legislación que comprometió al Estado con la inclusión, el diagnóstico oportuno y la protección de los derechos de las personas autistas en salud, educación y sociedad. Los avances existen, pero especialistas de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA) advierten que la implementación ha sido profundamente desigual y que la brecha territorial sigue siendo la principal deuda del país con esta comunidad.
El dato más crudo lo entrega la propia Dra. Valeria Rojas, pediatra, neuróloga, directora de SOPNIA y cofundadora de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad (FUAN): más de 260 comunas del país —el 76% del total— aún no han recibido los recursos de la ley en la atención primaria de salud. Solo 84 comunas los han recibido, y en la gran mayoría de ellas la confirmación diagnóstica del espectro autista queda en manos de médicos sin experiencia ni capacitación específica en autismo.
La legislación avanza más rápido que el Estado
«La ley ha permitido instalar una conversación que antes simplemente no existía; sin embargo, aún hay un gran desfase entre la legislación y la ejecución», sostuvo la Dra. Rojas. La especialista valoró las orientaciones técnicas publicadas recientemente por el Estado, pero fue enfática en su diagnóstico: «La legislación avanza más rápido que la capacidad clínica, educativa y financiera del Estado para ejecutarla.»
Esa brecha tiene un rostro concreto en los números de salud pública. A diciembre de 2025, había 69.188 niños, niñas y adolescentes en lista de espera para neurología y psiquiatría infanto-juvenil en Chile, con una mediana de espera de 245 días. Si bien la Resolución Exenta N°959 del 1 de diciembre de 2025 buscó fortalecer la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud (APS), los especialistas coinciden en que la medida no resuelve el problema de fondo: la falta de médicos con formación específica en autismo que puedan confirmar diagnósticos a nivel primario.
Geografía y nivel socioeconómico siguen siendo destino
El acceso al diagnóstico y a los apoyos no depende solo de la ley, sino de dónde se nace. «En Chile, el nivel socioeconómico y la geografía —vivir en una zona rural o en una capital regional— es destino. El acceso a diagnóstico y apoyos depende en forma significativa de estos factores», afirmó la Dra. Rojas.
Esta realidad es especialmente aguda en regiones como Los Lagos y Los Ríos, donde la dispersión territorial, la ruralidad de varias comunas y las listas de espera en los servicios de salud de Osorno, Puerto Montt y Valdivia condicionan de forma estructural el acceso a una evaluación especializada. Para muchas familias del sur, obtener un diagnóstico oportuno implica meses de espera, traslados costosos y, en no pocos casos, asumir el gasto en el sistema privado.
El riesgo de la sobre intervención
Para Pablo Espoz, psiquiatra de SOPNIA y referente técnico de la Ley 21.545 en el Servicio de Salud de O’Higgins, el desafío central no es solo de cobertura, sino también cultural. «Tenemos que aprender a valorar nuestras diferencias y entender que las personas autistas no necesitan ser corregidas para encajar», planteó el especialista, quien además advirtió sobre el riesgo de la «sobre intervención»: múltiples terapias mal enfocadas pueden intensificar la ansiedad y la frustración de niños y familias en lugar de acompañarlos.
«Los equipos de salud debemos comprender que no solo estamos tratando a niños, niñas y adolescentes, sino también a sus familias, porque muchas veces están insertas en entornos psicosociales complejos y de mucha estigmatización», sostuvo Espoz.
Una política pública que necesita datos y coordinación
Ambos especialistas coinciden en que los próximos años no pueden limitarse a ampliar cobertura o infraestructura. El verdadero desafío es construir una política pública intersectorial —donde salud, educación y las propias comunidades autistas trabajen de forma coordinada— y hacerlo con datos pertinentes. En ese sentido, lamentaron que el último Censo no incorporara preguntas específicas sobre población autista, lo que impide diseñar políticas fundadas en evidencia sobre la magnitud real del universo de personas que requieren apoyo en el país.
Estimaciones disponibles indican que en Chile habría al menos 114.497 niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años dentro del espectro autista, de los cuales 82.059 presentan discapacidad. A esa cifra se suman 44.594 personas autistas adultas, aproximadamente la mitad de ellas con discapacidad. Son los números que delinean el tamaño de la tarea pendiente en este 18 de junio.
