El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó esta semana a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades (Boletín 18341-25), uno de los anuncios estrella de la Cuenta Pública del 1 de junio. El texto oficial detalla 33 conductas que llevan a una persona a quedar inscrita en el registro y a perder beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad en educación superior o el subsidio de arriendo. Lo que no aparece en ninguna de esas 33 líneas: la colusión, la corrupción, el fraude al Estado o la evasión tributaria.
El propio subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue explícito al respecto. Consultado en Radio ADN sobre si los delitos económicos y la colusión quedarían incorporados al registro, respondió con una sola frase: «Es que esa no es una incivilidad.» La definición del Gobierno deja fuera, por diseño, los ilícitos que históricamente han costado miles de millones de pesos a los consumidores chilenos —como las colusiones del papel higiénico o los pollos— y los casos de corrupción que han manchado tanto al mundo privado como al público.
33 conductas, la mayoría ya con pena en el Código Penal
El proyecto distingue dos categorías. La primera son los actos vandálicos constitutivos de delito, cuya inscripción dura cinco años —dos si el condenado es menor de edad—. La segunda son las incivilidades, conductas de menor gravedad sancionadas con juzgados de policía local o de garantía, donde la inscripción dura un año.
Entre los actos vandálicos figuran el atentado contra la autoridad (artículos 261 y 262 del Código Penal), las amenazas a autoridades o la perturbación de sesiones legislativas y audiencias judiciales (artículo 264), el impedimento del ejercicio de funciones por violencia o fraude (artículo 267), la falsa alarma de incendio o emergencia (artículo 268 bis), el homicidio de un fiscal o defensor público (artículo 268 ter), lesiones a un fiscal o defensor público (artículo 268 quáter), y la retención o toma de control de un vehículo de transporte público (artículo 268 sexies). Todas estas conductas ya tienen sus propias penas en el ordenamiento penal vigente, con marcos que van de dos a cinco años de privación de libertad según la gravedad del hecho. El proyecto las sanciona por segunda vez: primero con la condena penal, luego con la pérdida de beneficios sociales.
Entre las incivilidades, el listado incluye depositar escombros sin permiso, consumir o expender bebidas alcohólicas en la vía pública, elaborar alimentos en espacios públicos sin patente municipal, rayar muros sin autorización, o no pagar el pasaje del transporte público. Conductas cotidianas, en muchos casos asociadas a sectores populares o de bajos ingresos, que ahora pueden costar la PGU o la gratuidad universitaria.
La ausencia que habla más que el listado
La omisión de los delitos económicos no pasó inadvertida en el Congreso. El diputado Daniel Manouchehri (PS) reaccionó al anuncio con una propuesta espejo: crear un registro de «vándalos de cuello y corbata» que impida a condenados por colusión, corrupción o evasión tributaria ocupar cargos de responsabilidad pública. «Para que los vándalos que se coluden no lleguen a ser ministros. Para que aquellos que hacen actos de corrupción no vuelvan a ser parte de la política», sostuvo el parlamentario. En la misma línea, el senador Fidel Espinoza planteó que si en el registro no están quienes se coludieron en los casos del papel higiénico, los pollos o los generales que malversaron recursos, la medida es incompleta.
El diputado Bernardo Salinas (PC) agregó otra arista: advirtió que el diseño del registro puede usarse para criminalizar la protesta social legítima. «Se puede ocupar esto para cualquier cosa, y una de ellas es criminalizar la legítima protesta o la movilización social de estudiantes, trabajadores o ciudadanos», señaló.
El proyecto deberá ser discutido en comisiones antes de avanzar en su tramitación. Su alcance definitivo —qué queda dentro, qué queda fuera y con qué garantías de due process— dependerá de ese debate legislativo. Por ahora, el listado oficial envía una señal clara sobre las prioridades del Ejecutivo: las incivilidades visibles en la calle tienen registro, consecuencias y nombre. Los delitos que ocurren en salas de directorio o contratos públicos, no.
