El gobierno de José Antonio Kast prepara una batería de modificaciones al mercado laboral bajo el concepto de «adaptabilidad», que apunta a cambiar la forma en que las empresas distribuyen la jornada de sus trabajadores y a flexibilizar la aplicación de la Ley de 40 Horas. El anuncio lo deslizó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una entrevista con Diario Financiero, donde señaló que el ministro del Trabajo evalúa iniciativas legales «que el mercado está reclamando fuertemente».
Qué significa «adaptabilidad laboral»
El eje central de las medidas es revisar cómo se contabiliza la jornada semanal. Hoy la ley fija un máximo de 42 horas por semana —y llegará a 40 en abril de 2028—, medidas semana a semana. La propuesta que estudia el Ejecutivo abre la puerta a calcular ese tope como un promedio mensual o anual, siguiendo el modelo de varios países desarrollados. En palabras de Quiroz, «la pregunta central es cómo se miden, si las miden en un mes o las miden en un año».
El cambio no reduce el número total de horas trabajadas, pero permite concentrarlas en períodos de mayor demanda y descomprimirlas en los de menor actividad. Para sectores con marcada estacionalidad, esa diferencia es decisiva.
Polifuncionalidad y compatibilización de turnos
Junto a la medición de la jornada, el gobierno baraja avanzar en polifuncionalidad —que un mismo trabajador pueda desempeñar más de una función dentro de la empresa— y en mecanismos para compatibilizar turnos. Quiroz fue explícito: «Hay una serie de otras cosas en materia de adaptabilidad laboral; la polifuncionalidad es otro tema (…) vamos a tener prontamente también una propuesta en esa línea».
Estas ideas se enmarcan en un paquete más amplio que el Ejecutivo viene anticipando desde la campaña y que incluye una reforma al mercado de capitales y un nuevo Estatuto Laboral para el turismo, anunciado por el propio Kast en la Cuenta Pública 2026, orientado a permitir la adaptabilidad de jornadas en temporada alta.
El impacto directo en el sur
Para Los Lagos y Los Ríos, la discusión no es abstracta. Dos de los motores económicos de la macrozona operan precisamente con las lógicas que el gobierno busca flexibilizar. El turismo de Puerto Varas, Frutillar, Chiloé y Valdivia concentra su demanda en el verano austral y en temporadas puntuales, mientras que la industria salmonicultora —pilar productivo de la región— funciona sobre sistemas de turnos rotativos intensivos en sus centros de cultivo y plantas de proceso.
En esa línea, el gremio ChileSertur ya presentó al Ejecutivo un borrador que propone calcular la jornada sobre un promedio semestral de 26 semanas, alternando fases de hasta 48 horas en temporada alta con tramos de 32 horas en baja demanda, manteniendo el sueldo íntegro mediante una «bolsa de horas». La propuesta también plantea un contrato de temporada estacional para reducir los finiquitos constantes que afectan al sector.
Una agenda en medio de la «emergencia laboral»
Las medidas se insertan en el diagnóstico que el propio gobierno instaló al asumir: una «emergencia laboral» que llevó a crear una mesa técnica y a anunciar un subsidio al empleo formal. El Ejecutivo sostiene que la combinación de reactivación, inversión y flexibilización es la vía para revertir el bajo crecimiento y dinamizar la creación de puestos de trabajo.
Por ahora, las iniciativas se mantienen en etapa de diseño y no cuentan con un proyecto de ley ingresado ni con un calendario formal de tramitación. El gobierno tampoco ha precisado cómo conciliará la flexibilización con el cronograma vigente de la Ley de 40 Horas, que mantiene la rebaja a 40 horas para 2028.
