La Contraloría General de la República, encabezada por la contralora Dorothy Pérez, concluyó que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert actuó de manera ilegal al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso. El dictamen —al que accedió Radio Bío Bío— establece que la información requerida por la entonces secretaria de Estado excedía las atribuciones del Ministerio de Seguridad y no era necesaria para sus funciones de planificación.
Un oficio que tensionó al Ministerio de Seguridad con la PDI
La controversia se remonta al 13 de marzo de 2026, cuando Steinert —recién asumido el cargo— envió un oficio reservado al entonces director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando la individualización completa, con nombre, cédula de identidad y grado jerárquico, de un grupo de detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado que habían sido redestinados desde la Región de Tarapacá. El requerimiento pedía además copia de los antecedentes disciplinarios y penales de esos funcionarios, quienes previamente habían trabajado junto a la propia Steinert cuando ella se desempeñaba como fiscal regional de esa región.
Días después de recibida la respuesta de la PDI, y tras una reunión entre Steinert y Cerna, la entonces subdirectora de Inteligencia de la institución policial, Consuelo Peña, fue llamada a retiro tras 36 años de servicio. La secuencia de hechos instaló sospechas sobre una eventual relación entre el oficio y la salida de la oficial, lo que motivó una solicitud de pronunciamiento del diputado PS Raúl Leiva ante el órgano contralor.
Los fundamentos del dictamen de Contraloría
Según el oficio conocido este jueves, la Contraloría advirtió que la solicitud de Steinert podía afectar el desarrollo de una investigación penal vigente, algo que la legislación prohíbe expresamente. El organismo fiscalizador estableció, además, que la exministra debía observar el deber de abstención, dado que los requerimientos recaían sobre una brigada con la que ella misma había trabajado en investigaciones penales durante su etapa como fiscal, lo que configuraba un potencial conflicto de interés.
El caso se transformó en uno de los principales flancos de los 70 días que Steinert estuvo al mando de la cartera de Seguridad, gestión que terminó con su salida del gabinete del Presidente José Antonio Kast. Es importante señalar que el pronunciamiento de Contraloría corresponde a una revisión de legalidad administrativa y no constituye una condena penal en contra de la exministra.
