El Gobierno salió a matizar la tesis de los «niños haitianos desaparecidos» que ha dominado el debate público las últimas semanas. El ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que no existen antecedentes de que los menores que ingresaron al país bajo el programa de Reunificación Familiar estén perdidos o desaparecidos, ni indicios de un eventual tráfico, mientras el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, sostuvo tener certeza de que los niños fueron entregados a sus familias por la policía.
«No hay una sola denuncia»
En entrevista con Radio Universo, el ministro Barros fue categórico al descartar los escenarios más dramáticos asociados al caso. Afirmó que no hay ningún antecedente serio que indique que se esté frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil o de órganos, y agregó que, de manera responsable, tampoco existen antecedentes de que estos menores estén desaparecidos o perdidos.
El secretario de Estado puso el énfasis en la ausencia de denuncias de las propias familias. Según planteó, ingresó una cantidad de niños de los que no se conoce con precisión su situación actual, pero no hay una sola denuncia de un padre que diga que su hijo se perdió o que no está ni en Haití ni en Chile. Barros sostuvo que la PDI elaboró los informes correspondientes y que los menores fueron entregados a adultos responsables con las autorizaciones del caso, según la información disponible.
El ministro precisó cuál es, a su juicio, el origen real del problema: cuando se tramitó el programa, los beneficiarios entregaron domicilios que correspondían a cités donde las familias vivieron de manera temporal, e incluso colegios, direcciones que posteriormente no se han podido validar. De ahí la dificultad para ubicar a los niños en los registros, sin que ello implique necesariamente una desaparición.
Thayer: «Tengo la certeza de que la PDI los entregó»
En la misma línea, el exdirector del Sermig, Luis Thayer, defendió el procedimiento aplicado durante su gestión y entregó una versión que apunta a desactivar la idea de menores sin rastro. El sociólogo afirmó tener certeza de que la Policía de Investigaciones entregó a los niños en el aeropuerto a sus padres, madres o tutores legales, basándose en sus cuatro años de trabajo con la institución, y estimó que, de encontrarse en Chile, los menores deben figurar en alguna base de datos.
Thayer hizo un llamado explícito a no especular sobre una causa que sigue en investigación y a esperar el informe definitivo de la Contraloría General de la República antes de sacar conclusiones. El exfuncionario remarcó que el proceso de reunificación familiar no se desarrolló de manera fraudulenta ni saltándose los controles, y que el punto que levanta el preinforme tiene que ver con que al aeropuerto llegaban muchos niños a cargo de pocos adultos. En esa línea, recordó que la PDI no informó de ninguna anomalía en la entrega de los menores a sus familias.
El trasfondo: un preinforme de Contraloría y una denuncia penal
Las declaraciones de ambas autoridades buscan ordenar un debate que se encendió tras la difusión, a mediados de junio, de un preinforme reservado de la Contraloría que detectó irregularidades en el ingreso de cientos de niños haitianos durante 2025, en vuelos chárter cuyos acompañantes adultos no siempre tenían un vínculo verificado con los menores. El Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia ante la Fiscalía por un eventual delito de tráfico ilícito de migrantes, dirigida contra los adultos involucrados.
Según los antecedentes del caso, las indagaciones apuntan a que al menos doce adultos habrían ingresado en múltiples ocasiones al país liderando grupos de menores como supuestos tutores. El propio Barros aludió a esa situación al señalar que aparentemente hubo personas que vieron una oportunidad de negocio en la angustia de algunos padres, ofreciéndoles encargarse de todo el trámite a cambio de dinero. En paralelo, la búsqueda oficial ya registró un primer avance: la Municipalidad de Estación Central informó que logró ubicar a siete menores de un listado de 184, quienes se encontraban escolarizados aunque en condiciones de precariedad.
