Después de más de cuatro años prófuga en Europa, la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo deberá regresar a Chile a cumplir su condena. Las autoridades de Países Bajos autorizaron su extradición y la pusieron formalmente a disposición de la justicia chilena, según informó la Cancillería a la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El Ministerio de Relaciones Exteriores ya remitió los antecedentes a Interpol Santiago para coordinar el operativo policial que viajará al país europeo a custodiar su retorno.
Rojo cumple una condena de cinco años y un día de presidio efectivo por los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible, ratificada por la Corte Suprema en 2022. Su nombre es uno de los más asociados a los casos de probidad municipal en la historia reciente del norte del país, y su fuga se transformó en una de las de mayor connotación pública de la Región de Antofagasta.
Quién es Karen Rojo y cuál fue su trayectoria política
Karen Paulina Rojo Venegas llegó a la alcaldía de Antofagasta en 2012 como candidata independiente, y fue reelecta en 2016 bajo la misma condición. Antes de eso había ejercido brevemente como seremi de Salud de la región, durante cuatro meses, en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Su perfil político es, precisamente, uno de los aspectos más particulares de su figura: pese a no militar formalmente en un partido, transitó por distintos sectores a lo largo de su carrera. Durante su primer mandato se la consideraba cercana a Renovación Nacional. Más tarde tuvo acercamientos con la entonces Nueva Mayoría, en momentos en que aspiraba a competir por un cupo al Senado en 2021. Incluso llegó a integrar el bloque de alcaldes de la UDI, aunque sin afiliarse al gremialismo. Esa trayectoria de alianzas cambiantes, sin una casa política estable, convirtió a Rojo en un caso donde la etiqueta de «independiente» convivió con vínculos que cruzaron el espectro político.
El delito por el que fue condenada
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Antofagasta, Rojo contrató una agencia de comunicaciones para prestar asesorías de imagen política orientadas a favorecer su campaña de reelección de 2016. El punto central del caso es que esos servicios se financiaron con recursos públicos: fondos provenientes de las áreas de educación y salud del municipio, canalizados a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). El monto involucrado ronda los 24 millones de pesos, según la Fiscalía, y los hechos se cometieron entre 2015 y 2016.
La justicia estableció que utilizar dineros destinados a subvenciones escolares y a la salud comunal para un fin de beneficio político personal configuraba fraude al Fisco y negociación incompatible, lo que derivó en la pena de cinco años y un día.
La fuga y el largo camino de la extradición
El giro más comentado del caso ocurrió el 23 de marzo de 2022: el mismo día en que la Corte Suprema rechazó los recursos de su defensa y dejó firme su condena, Rojo abordó un vuelo hacia Países Bajos. Pudo hacerlo porque en ese momento no pesaba sobre ella una orden de arraigo vigente, un vacío que abrió cuestionamientos sobre por qué no se solicitó esa medida cautelar ante la inminencia del fallo. El episodio motivó incluso una investigación administrativa ordenada por el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para determinar responsabilidades en el organismo persecutor.
En julio de 2022, la exalcaldesa fue detenida en Países Bajos a requerimiento del Ministerio Público chileno y quedó recluida en la cárcel de Utrecht. En marzo de 2023, un tribunal neerlandés declaró procedente la extradición, aunque el proceso quedó suspendido mientras se resolvía una solicitud de asilo que ella había presentado. Superada esa etapa, y tras el rechazo de sucesivos recursos, las autoridades del país europeo comunicaron en julio de 2026 su disposición a concretar la entrega.
Por qué importa su extradición
Más allá de la figura de Rojo, el caso se instaló como una prueba para la institucionalidad chilena. La fuga de una autoridad condenada por corrupción, aprovechando un resquicio procesal, dejó en evidencia debilidades en la coordinación entre el Poder Judicial, la Fiscalía y los mecanismos de control de salida del país. Su regreso para cumplir efectivamente la pena es leído por los querellantes como una señal de que el sistema, pese a las demoras, terminó operando. El abogado querellante Rolando Lorca valoró la reactivación del proceso como una demostración de que el sistema legal y el Poder Judicial en Chile funcionaron.
El desenlace también reactiva el debate sobre la probidad en la administración municipal y sobre las garantías para que quienes son condenados por delitos contra el patrimonio público efectivamente cumplan sus sentencias, un tema que trasciende a Antofagasta y resuena en todas las regiones del país.
