La acusación constitucional, el mecanismo más drástico con que cuenta el Congreso para fiscalizar al poder, atraviesa al mismo tiempo su momento de mayor uso y de mayor cuestionamiento. Este miércoles 24 de junio ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional, firmado por parlamentarios que van de Renovación Nacional al Frente Amplio, que busca endurecer los requisitos para presentar estos libelos y frenar lo que sus impulsores describen como una progresiva normalización del juicio político. La iniciativa llega en un momento revelador: apenas un día después de que la Cámara aprobara la acusación contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, una ofensiva que sus propios promotores anticipan que se caerá en el Senado.
Cuatro cambios para subir la valla
El proyecto propone cuatro modificaciones concretas. Eleva de 10 a 20 el número de diputados necesarios para ingresar una acusación, exige que su aprobación se resuelva por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio —y no solo de los presentes en la Sala—, obliga a interpelar previamente al ministro antes de acusarlo, y sube el estándar de las causales, que deberán ser infracciones abiertas, evidentes y comprobables a la Constitución o las leyes. Entre los patrocinantes figuran Diego Schalper (RN), Jaime Mulet (FRVS), Guillermo Ramírez (UDI), Gael Yeomans (FA) y Luis Pardo (RN).
El texto será revisado por la Comisión de Constitución de la Cámara, presidida por Mulet, quien adelantó que hará el máximo esfuerzo para tramitarlo con rapidez. Según sus impulsores, la moción partiría con siete votos asegurados en la instancia, y la disposición del Partido Comunista a discutirla sumaría un octavo, suficiente para que llegue a la Sala con informe favorable.
El caso Grau, la radiografía del problema
El debate no podría ser más oportuno. El martes 23 de junio, la Cámara aprobó por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención la acusación constitucional contra Nicolás Grau, por supuestas inconsistencias en las proyecciones fiscales. Es el primer libelo del nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, impulsado por las bancadas del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. La acusación avanzó pese a que la comisión revisora había recomendado rechazarla y a que el Consejo Fiscal Autónomo desestimó el error de cálculo que la sustentaba. El próximo martes 30, el Senado se constituirá como jurado para resolver su suerte, aunque los pronósticos anticipan que la ofensiva no prosperará en la Cámara Alta.
Para los promotores de la reforma, ese caso es la radiografía exacta del problema que quieren corregir: una acusación que divide a las propias coaliciones que la levantan, que probablemente no prosperará y que, en el camino, consumió semanas de trabajo legislativo. La herramienta, sostienen, dejó de ser un recurso excepcional para volverse un instrumento de desgaste político de bajo costo y alta rentabilidad electoral: basta reunir las firmas para obligar al acusado a una defensa de semanas e instalar el caso en la agenda, tenga o no fundamento jurídico. El propio Schalper calcula que en los dos últimos gobiernos se presentaron cerca de 30 acusaciones contra figuras políticas.
Cómo funciona el mecanismo que se quiere reformar
La acusación constitucional permite a la Cámara hacer efectiva la responsabilidad política de las máximas autoridades del Estado por infracciones cometidas en el ejercicio de su cargo. Alcanza al Presidente de la República, a los ministros, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, al Contralor General, a generales y almirantes, y a los delegados presidenciales. El proceso parte en la Cámara, donde un grupo de entre diez y veinte diputados firma el libelo y una comisión estudia su procedencia. Antes de discutir el fondo, el acusado puede defenderse con la «cuestión previa», un recurso con el que alega que la acusación no cumple los requisitos constitucionales. Si la Cámara aprueba el libelo, el expediente pasa al Senado, que deja de actuar como cámara política para convertirse en jurado y resolver, capítulo por capítulo, la culpabilidad del acusado. Si lo declara culpable, la autoridad queda destituida e inhabilitada para ejercer funciones públicas por cinco años.
Mucho volumen, pocos resultados
El balance histórico es la mejor radiografía del fenómeno. Desde el retorno a la democracia se han presentado más de medio centenar de acusaciones constitucionales contra todo tipo de autoridades, pero solo ocho han sido aprobadas por el Senado. La enorme mayoría de los libelos nunca llega a destituir a nadie, porque se desploma antes de la votación final: o son declarados inadmisibles, o se acoge la cuestión previa en la Cámara, o —con menor frecuencia— llegan al Senado y allí son rechazados, como ocurrió con el ministro del Interior Víctor Pérez en 2020 o con el segundo libelo contra el Presidente Sebastián Piñera por los Pandora Papers en 2021.
Es contra los ministros de Estado donde el mecanismo revela su escasa efectividad. Desde 1990 se han presentado 25 libelos contra integrantes del gabinete, pero apenas tres terminaron en destitución: Yasna Provoste (Educación, 2008), Harald Beyer (Educación, 2013) y Andrés Chadwick (Interior, 2019). Una tasa de éxito cercana al 12%. El contexto explica por qué prosperaron: las dos primeras se produjeron en pleno auge del conflicto educacional, y la de Chadwick en el clima excepcional del estallido social de 2019. El patrón temporal es elocuente: entre 1990 y 2010 se presentaron seis acusaciones contra ministros; desde 2011 en adelante, diecinueve. No es que los ministros se hayan vuelto más cuestionables, sino que la acusación se volvió políticamente rentable. La mayoría de los intentos recientes —contra Izkia Siches, Giorgio Jackson, Marcela Ríos, Marco Antonio Ávila o Carolina Tohá— ni siquiera superó la admisibilidad.
El flanco que sí cedió: el Poder Judicial
Donde la acusación constitucional golpeó con fuerza fue en un terreno inesperado. Al calor del caso Audios —la trama de tráfico de influencias que estalló en torno al abogado Luis Hermosilla—, el Congreso removió mediante acusaciones constitucionales a tres altos magistrados entre 2024 y 2025: los supremos Sergio Muñoz (octubre de 2024) y Diego Simpertigue (diciembre de 2025), más Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago (noviembre de 2025). A ellos se suma el caso de la exsuprema Ángela Vivanco: aunque el Senado también aprobó una acusación en su contra en octubre de 2024, su remoción del cargo la había cursado previamente la propia Corte Suprema en un proceso disciplinario. La concentración de destituciones judiciales en apenas dos años constituye un hecho inédito en la historia republicana.
La diferencia con los libelos contra ministros es decisiva. Mientras las acusaciones al gabinete suelen estrellarse contra los votos del oficialismo de turno, las dirigidas contra los jueces se aprobaron con respaldos transversales, y esa amplitud explica su éxito. El contraste resume el dilema que la reforma intenta zanjar: en más de tres décadas, la acusación constitucional derribó a tres ministros de Estado, pero a tres magistrados en apenas dos años. La pregunta que recorre el Congreso es si la herramienta sigue sirviendo al control y la responsabilidad política, o si terminó transformándose en munición de la confrontación permanente. La discusión del proyecto, en paralelo al desenlace del caso Grau en el Senado, pondrá a prueba esa respuesta.
