Estados Unidos elevó el arancel a las importaciones desde Chile a 12,5%, tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre la eficacia de los mecanismos de fiscalización y prohibición de importaciones ligados al trabajo forzoso. El decreto fue firmado el 23 de julio de 2026 por el presidente Donald Trump y su aplicación operativa comenzó a las 00:01 horas del 24 de julio de 2026 en las aduanas estadounidenses.
La decisión reemplaza el esquema transitorio de 10% que expiraba a la medianoche y se sustenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, vía legal utilizada por la administración estadounidense para imponer medidas comerciales tras investigaciones internas. De acuerdo con el reporte técnico de la USTR, Chile fue incluido en un conjunto de 60 economías que, a juicio del organismo, no cuentan con herramientas “lo suficientemente eficaces” para fiscalizar o impedir el ingreso de bienes asociados a trabajo forzoso.
La administración estadounidense confirmó que el nuevo gravamen se aplicará de manera general, aunque la nómina definitiva de partidas exentas a nivel de producto aún no queda cerrada. En Chile, esa revisión técnica está siendo seguida por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), que mantiene el análisis respecto de eventuales exclusiones específicas dentro del intercambio comercial.
Investigación bajo la Sección 301 y fechas clave del proceso
El proceso que desembocó en el aumento del arancel EE.UU. Chile se formalizó a inicios de junio. El 2 de junio de 2026, la USTR publicó la apertura de investigaciones sobre 60 socios comerciales e incluyó a Chile en la categoría de recargo de 12,5%. Posteriormente, el 22 de junio venció el plazo fijado por la autoridad comercial estadounidense para la inscripción de partes interesadas en las audiencias públicas.
El ciclo de recepción de antecedentes cerró el 6 de julio de 2026, fecha límite para comentarios escritos y descargos institucionales presentados ante el panel estadounidense. Al día siguiente, el 7 de julio, se realizaron audiencias públicas presenciales en Washington ante comisiones técnicas del organismo. Con ese expediente, el Ejecutivo estadounidense dictó el decreto el 23 de julio, estableciendo el nuevo rango tarifario entre 10% y 12,5%, y fijando su implementación en aduanas a partir del 24 de julio.
La investigación fue encabezada por el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien lideró el trabajo técnico y la tramitación de la medida dentro de la USTR. En el plano chileno, el Gobierno informó que el despliegue diplomático y la defensa del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2004 se encuentran bajo la conducción del canciller Francisco Pérez Mackenna.
Efectos para exportadores y revisión de partidas exentas
La resolución introduce un cambio directo en las condiciones de acceso al mercado estadounidense para los bienes provenientes de Chile, al elevar el gravamen desde el 10% al 12,5%, lo que significa una diferencia de 2,5 puntos porcentuales respecto del esquema transitorio anterior. Según el diagnóstico incorporado en el informe, el alza se justifica por la clasificación de Chile como país “sin prohibición eficaz” contra el trabajo forzoso en términos de control e importaciones.
En el ámbito interno, las coordinaciones comunicacionales e institucionales del Gobierno chileno han sido canalizadas mediante las vocerías del biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, junto con los equipos técnicos de la SUBREI. En paralelo, se mantiene el seguimiento de la revisión técnica respecto de potenciales exenciones por categoría de producto, un punto relevante para determinar con precisión el universo de exportaciones finalmente afectadas.
En el plano de exigencias comerciales, el nuevo escenario incorpora condiciones de mayor escrutinio sobre trazabilidad y controles de cadena de suministro. El texto del reporte asocia el tratamiento arancelario a la capacidad de demostrar estándares de fiscalización laboral acordes a lo que el mercado estadounidense considera “estricto”, lo que tensiona la efectividad práctica de la preferencia arancelaria del TLC para aquellas partidas que enfrenten mayores requerimientos de certificación.
El esquema comparativo presentado en el proceso también establece una brecha frente a países que, según la categorización del informe, mantienen un arancel de 10% por contar con normativa restrictiva previa. En términos de cobertura, el análisis asociado a la Sección 301 señala que la medida alcanza al 99% del comercio incluido en la lista de 60 países examinados.
Con el decreto ya vigente, el foco inmediato queda puesto en la implementación operativa del arancel y en el cierre de la revisión de partidas eventualmente exentas. Mientras Estados Unidos aplica la nueva tasa en sus aduanas desde el 24 de julio de 2026, Chile concentra su gestión en el plano diplomático y técnico para definir el alcance final de la medida sobre sus exportaciones hacia ese mercado.
